La consulta

| 12 Jun 2024 - 08:49hrs

El lunes, en su primera conferencia de prensa como virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum se pronunció por realizar una “discusión amplia” sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y antes de que ésta sea enviada al Congreso de la Unión.

“Que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros y magistrados y, obviamente, los trabajadores del Poder Judicial”, planteó. Y afirmó que tanto ella como López Obrador eran de esa idea.

Aunque al día siguiente éste pareció desmarcarse de su sucesora, al comentar que su iniciativa ya era suficientemente conocida y que lo que urgía era aprobarla, decidí tomar la palabra a Sheinbaum y busqué la opinión de la Barra Mexicana/Colegio de Abogados y de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Ambas son consideradas la institución más importante, cada una en su campo, entre las mencionadas por la próxima titular del Ejecutivo. Aunque la abogacía del país no tiene colegiación obligatoria, la BMA, con más de un siglo de fundada, descuella entre las casi tres mil asociaciones de litigantes que existen. Por su parte, la Facultad de Derecho es la escuela de leyes de habla hispana mejor ranqueada y la número 26 del mundo en general.

Ayer entrevisté en Imagen Radio a Víctor Olea Peláez, presidente de la BMA, y a Imer Flores, jefe de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho. Ambos consideraron como buena la invitación de Sheinbaum para discutir la iniciativa, aunque expusieron críticas sobre su contenido.

Víctor Olea: “Es alentador que la próxima Presidenta haya contemplado la necesidad de consultar al foro de abogados de México. Es esperanzador que se nos escuche y sean tomados en cuenta nuestros argumentos.

“Nuestra opinión es que esa iniciativa es inconveniente por varias razones. Es verdad que necesitamos profesionalizar la administración de justicia, pero no politizarla. La capacidad de ministros, magistrados y jueces debe provenir de su capacidad técnico-jurídica y su experiencia; ellos deben ceñirse a la Constitución y no a perfiles políticos.

“Vamos a vivir, según esta iniciativa, campañas permanentes en tribunales. ¿Qué van a prometer los candidatos? ¿Cómo serían esas campañas? ¿A quién se deberá el juzgador que resulte elegido? ¿Cuál sería la garantía de que hagan su trabajo de manera imparcial? Son preguntas que nos hacemos”.

Imer Flores: “Soy de la idea que hay que reflexionar sobre lo que se puede mejorar. Los seres humanos somos perfectibles, y las instituciones que diseñamos, por lo mismo, hay que estarlas revisando. Ojalá sea el ejercicio más amplio, uno que detecte dónde están los pros y los contras no sólo de la iniciativa sino, en un sentido más amplio, de la administración de justicia.

“Me parece que hay consenso para cambiar la forma de nombrar a los juzgadores. Sin embargo, hay ciertos temas que habría que cuidar, como el de los ministros que ya tienen un mandato. Creo que habría que respetar esos plazos y que los que vayan entrando sean designados de otra manera.

“Donde no hay consenso es en cómo llevar a cabo esa reforma. Algunos creemos que tememos un sistema de división de Poderes y un sistema protector de los derechos que hay que proteger. Y que es necesario que haya controles e independencia de quien ejerce esos controles. Capto que hay otros que no piensan eso, que deberíamos dejar que el Ejecutivo y el Legislativo actúen más ágilmente.

“Hay que repensar el mecanismo para designar a los juzgadores, pero eso no implica elegirlos. Es necesario garantizar su independencia, que es un principio garantizado en la Convención Americana. Si se someten a votación ya no serían independientes, pues estarían atentos a los vaivenes de la política, a los tiempos electorales y a los partidos”.

Si realmente interesa la opinión de los especialistas, como dijo Sheinbaum, lo que encontrará el oficialismo al auscultarlos será una serie de cuestionamientos a la iniciativa, como son los que he resumido en esta columna.

Si en el fondo no interesa, lo mejor sería no crear la apariencia de una consulta, mandar la propuesta al Congreso sin cambiar una coma, atenerse a lo que la reforma pueda provocar