Bitácora del directorPascal Beltrán del Río |
| 31 May 2024 - 09:45hrs
Buenos ciudadanos no son –porque quien mata, secuestra, tortura, roba y extorsiona no puede serlo–, pero los delincuentes ya ejercieron el voto. Probablemente no estén siquiera en la lista nominal de votantes, pero no importa. Con mayor celeridad que las autoridades electorales, ya incluso organizaron y calificaron los comicios.
En muchos lugares del país, el crimen ya decidió quién sí y quién no puede gobernar. En el caso de Coyuca de Benítez, Guerrero –municipio vecino de Acapulco, para quien no lo sepa–, mataron el miércoles al candidato que probablemente iba a ganar la elección. Se les adelantaron a los votantes y resolvieron que José Alfredo Cabrera, de la alianza PRI-PAN-PRD, no será alcalde. Ya le habían mandado un aviso, hace dos semanas, cuando ejecutaron al candidato a regidor Aníbal Zúñiga, cuyo cuerpo descuartizado fue encontrado en Acapulco, junto con el de su esposa, en la batea de su propia camioneta.
Hasta el momento de escribir estas líneas, los delincuentes habían matado a 36 aspirantes a cargos de elección popular en la actual temporada electoral, que se ha convertido en la más sangrienta de la historia moderna del país.
Además de los homicidios referidos, hay que contar el resto de los episodios violentos que se han producido en el contexto de las campañas. Éstos ya superan los 300, de acuerdo con las compilaciones que han hecho organizaciones especializadas como Laboratorio Electoral e Integralia Consultores.
Los ataques y amenazas han llevado a más de 70 candidatos registrados a abandonar sus postulaciones. Y difícilmente llegaremos a saber cuántas personas renunciaron a participar en los comicios por el peligro real o imaginado de perder la vida.
El crimen votó sin necesidad de integrar un padrón de votantes, de capacitar a funcionarios electores, de montar casillas y de contar los sufragios. En muchos lugares del país, el resultado formal de los comicios del próximo no será más que el reflejo de su voluntad. Gobernarán quienes hayan decidido los delincuentes. Y si estos servidores públicos no cumplen con sus expectativas, seguramente no pasará mucho tiempo para que sean eliminados, como ha sucedido con un centenar de alcaldes y exalcaldes en lo que va del presente sexenio federal.
Así le pasó a Humberto Amezcua, presidente municipal de Pihuamo, Jalisco, quien buscaba la reelección; a Noé Ramos Ferretiz, de El Mante, Tamaulipas, quien también competía por mantenerse en el cargo; a Conrado Mendoza, de San Miguel Totolapan, Guerrero; a Guillermo Torres Rojas, de Churumuco, Michocán; a Isauro Ambrosio Tocohua, de Rafael Delgado, Veracruz, y a Crispín Ordaz Trujillo, quien gobernó cuatro veces Ébano, San Luis Potosí.
También fueron asesinados este sexenio Luis Gerardo Ruiz Arriaga, de Huanímaro, Guanajuato; Joaquín Martínez López, de Chahuites, Oaxaca; Julián Bautista Gómez, de Amatenango del Valle, Chiapas; Guillermo Cortés Escandón, de Teotlalco, Puebla; Benjamín López Palacios, de Xoxocotla, Morelos; Manuel Aguilar García, de Zapotlán de Juárez, Hidalgo; Gregorio Arias Pérez, de Comalcalco, Tabasco, y Carlos Ignacio Beltrán, de Temósachic, Chihuahua.
El proceso electoral, a punto de culminar con los comicios del 2 de junio, quedará marcado por la estampa del crimen contra José Alfredo Cabrera en Coyuca de Benítez. Mientras el candidato caminaba entre sus simpatizantes, en su cierre de campaña en Las Lomas, su comunidad natal, un sicario se le acercó por detrás y le disparó dos tiros en la nuca para después rematarlo en el piso.
La acción demostró que los criminales no temen a nada, pues Cabrera era vigilado por un operativo con elementos estatales y federales. Ese personal que no pudo o no quiso evitar el homicidio del candidato, mató allí mismo al sicario, por lo que seguramente no sabremos quién ordenó la ejecución y por qué. Nos quedaremos únicamente con la sospecha de que ésta benefició a quien, al final, se quedará con la presidencia municipal.
Así han sido estas elecciones, que para el presidente Andrés Manuel López Obrador son “las más libres y limpias de la historia de México”, aunque en realidad estén manchadas por la violencia y la intervención constante del mandatario para inclinar la balanza a favor de su partido.