Matar policías

Bitácora del director

Pascal Beltrán del Río

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| 25 Oct 2023 - 09:11hrs

Hay muchos países en los que el asesinato a sangre fría de 13 policías, incluidos sus mandos, sería un escándalo político y social con potencial de tirar a la autoridad local e incluso a la nacional, o, al menos, de desatar una persecución judicial implacable. México no es uno de ellos. En este país, por desgracia, matar policías es casi un fenómeno natural, algo que la mayoría de la gente espera que ocurra.


Tan es así que, en su conferencia de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó apenas un minuto a la ejecución de los elementos de seguridad pública de Coyuca de Benítez, Guerrero, un municipio donde gobierna (es un decir) su propio partido político, en un estado ídem. El asunto apenas le mereció 83 de las casi 14 mil palabras que se pronunciaron en la mañanera.


“Es muy lamentable… Ya lo estamos atendiendo”, dijo el mandatario. Son las frases que suelta siempre que le preguntan por una desgracia de la que difícilmente puede culpar a sus adversarios. Ojo: en su visión, este tipo de hechos no es condenable, sino “lamentable”. Es decir, lo que uno expresa cuando alguien muere accidentalmente o por causas naturales.


Ayer le contaba que eso mismo dijo el Presidente cuando lo cuestionaron, el 9 de octubre pasado, sobre la violencia en la Sierra Mariscal del estado de Chiapas. Mil 500 elementos fueron desplegados allí, porque no le gustó el “escándalo” que hicieron los medios cuando los pobladores de San Gregorio Chamic recibieron como héroes a sicarios del Cártel de Sinaloa, pues consideraron que éstos les quitarían de encima el yugo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero, como también le relaté, dicho operativo federal no ha servido para acabar con los levantones y homicidios en la región, al grado de que, el sábado pasado, uno de los principales cuadros de Morena en la zona fue alcanzado por la violencia en su propio hogar, donde lo torturaron y mataron frente a su esposa y su hija, nueve días después de que encabezó una marcha por la paz en Chicomuselo. Así que es relativo eso de que ya lo están atendiendo.


Apenas la semana pasada, una mujer policía fue ejecutada en Tijuana cuando acababa de subirse a su auto para llevar a su hija a la escuela. El video, tomado de una cámara de seguridad, circuló ampliamente en redes sociales, pero no suscitó discusión alguna.


Reviso los datos que compilan el especialista Daniel Gómez-Tagle y la organización Causa en Común, sobre elementos de seguridad asesinados en lo que va del sexenio, y no puedo sino horrorizarme. La cifra ya rebasó los 2 mil homicidios, de los cuales más de 140 han sido de mujeres. Tan sólo en lo que va de este año, ya van más de 300 agentes ultimados.


Quizá no dimensionamos lo que significa matar un policía y por eso, como sociedad, casi no lo registramos. Es alguien a quien los contribuyentes contratan y pagan un salario para que proteja a todos. Si no confiamos en él y pensamos que se buscó la muerte, hemos caído en el cinismo. Si creemos lo contrario y no reaccionamos, estamos en la indolencia. Si opinamos que no pasa nada, porque los que nos van a salvar de los criminales son los militares, pecamos de ingenuidad. Si no nos importa cómo se designa a los agentes y cómo se les capacita, vivimos a ciegas.


Matar policías, especialmente en un número tan grande, significa que el crimen organizado le ha puesto el pie en el cuello a la sociedad. Si los homicidios de elementos de seguridad pública producen sospecha entre los gobernados –“¿en qué estarían metidos?”–, ya ganaron los malos. Si producen desconsuelo y una sensación de indefensión, pues también. Me pregunto qué pensarán quienes portan el uniforme, de que tanta gente se acuerde tan poco de ellos.


BUSCAPIÉS


*De la Tierra Caliente a la Costa Chica, de la Montaña a la Costa Grande, Guerrero es un estado fallido. No es que la autoridad no exista, sino que no importa. Quienes realmente mandan allí son los delincuentes.


*El gobierno quiere imponer como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda a alguien que no cumple con los requisitos para el cargo; entre ellos, haber trabajado en la materia los dos años previos. Naturalmente, los colectivos la rechazan.

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