Robo en descampado

| 17 Oct 2023 - 08:56hrs

Aunque el tema aún no se encuentra en el orden del día –eso no se sabrá sino hasta que se reúna, hoy temprano, la Junta de Coordinación Política–, es muy probable que este martes se vote en el pleno de la Cámara de Diputados la modificación que extinguirá 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial y ordenará que los 15 mil 450 millones de pesos que contienen sean entregados a la Tesorería de la Federación. Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para aprobar la iniciativa que originó el coordinador de la bancada del partido del gobierno, Ignacio Mier, y que fue dictaminada la semana pasada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Fuentes legislativas dudan que el oficialismo retrase la discusión y voto de este asunto en el pleno pues, de hacerlo, sería imposible retomarlo hasta que se aprueben la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y está claro que forma parte de sus prioridades rumbo a la campaña electoral de 2024, en la que pedirá que los ciudadanos le den la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso para poder hacer modificaciones sustanciales al Poder Judicial. Éste es el plan C al que se ha referido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa ha encontrado la resistencia de los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial, quienes sostienen que afectará sus derechos laborales, pese a que el presidente López Obrador y el diputado Mier sostienen que sólo se trata de retirar “privilegios” a jueces, magistrados y ministros. Ayer hubo manifestaciones en distintas partes del país para protestar por esa acción legislativa. Especialistas con los que he conversado me dicen que cinco de estos fideicomisos tienen que ver con prestaciones de los trabajadores, como vivienda y pensiones, mientras que otros están relacionados con la operación de la administración de justicia.

Apropiarse de los recursos del Poder Judicial no puede ser calificado sino como un robo en descampado –algo que, por lo visto, resulta urgente para un gobierno que tiene grandes necesidades presupuestales para enfrentar la elección del año entrante–, pero, en el fondo, es parte de la estrategia del oficialismo para vengarse de las decisiones de la Suprema Corte que no han sido del gusto del presidente López Obrador –como el rechazo a su plan B electoral, la negativa a la sujeción de la Guardia Nacional a la Sedena y el permiso otorgado al Inai para sesionar con sólo cuatro comisionados–, así como socavar al Poder Judicial y, con ello, reducir su capacidad de servir como contrapeso.

Lo más seguro es que si no se consigue un número suficiente de votos para rechazar el dictamen en el Congreso, los afectados por este agandalle acudan al propio Poder Judicial para ampararse. Y aunque dicho derecho está contemplado por la Constitución, seguramente el oficialismo acusaría al propio Poder Judicial de fungir como juez y parte en este diferendo, y usaría esa imagen como argumento en la campaña electoral para insistir en reformarlo, mediante un cambio a la Constitución que contemplaría que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por los votantes.

El fin de semana, desde Campeche, la virtual candidata presidencial de Morena y partidos aliados, Claudia Sheinbaum, hizo suyo, nuevamente, el llamado plan C de López Obrador. “Ahora nos toca democratizar al Poder Judicial y para eso necesitamos las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado”, afirmó.

Con el dictamen para desparecer los fideicomisos del Poder Judicial y el apoyo de Sheinbaum al plan C, se han despejado las dudas. Usted puede y debe votar por quien quiera –ojalá que lo haga de manera informada–, pero si vota por la coalición encabezada por Morena estará votando para que el Ejecutivo no tenga contrapesos. Con todo lo que eso implica.

BUSCAPIÉS

Ayer, presuntos trabajadores del Poder Judicial quemaron una efigie del presidente López Obrador durante una manifestación. El hecho me parece tan condenable como cuando los simpatizantes del tabasqueño quemaron una de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, el 18 de marzo pasado. Debemos rechazar esos mensajes simbólicos de odio, vengan de donde vengan y sean contra quien sea.