El choro mareador y la realidad migratoria

| 03 Oct 2023 - 08:16hrs

México fue sede de una reunión que congregó, el pasado fin de semana, a la crema y nata del populismo de izquierda latinoamericano. Al encuentro del llamado Grupo de Puebla acudieron, entre otros, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; el canciller cubano Bruno Rodríguez; el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el exiliado exmandatario ecuatoriano Rafael Correa.

Contra Rodríguez pesan sanciones por parte de la Unión Europea, desde 2018, por su papel en las elecciones de ese año en Venezuela, que Bruselas considera que no fueron libres ni justas. Tiene prohibida la entrada a territorio comunitario. Suiza, Canadá y Estados Unidos también la tienen en la lista negra por cargos como violaciones a los derechos humanos y la ruptura del orden constitucional.

Bruno Rodríguez se ha encargado de defender en el plano internacional los actos de represión que desató la dictadura cubana contra las manifestaciones de julio de 2021 que se extendieron por toda la isla, demandando el fin del racionamiento de alimentos y medicinas y las restricciones a la libertad de expresión y reunión. En noviembre de ese año, Rodríguez acusó a Facebook de haber amplificado las críticas contra el régimen de La Habana.

Evo Morales perdió el referéndum de 2016 con el que buscaba la autorización para reelegirse por tercera vez, pero en lugar de aceptar el resultado, presionó al Tribunal Supremo Electoral, que terminó por concederle lo que quería. Compitió por un nuevo mandato en 2019, pero los comicios resultaron tan desaseados que la inconformidad salió a flote. Exhibidas las irregularidades, Morales se victimizó y pidió asilo a México, que se lo concedió, incluso fue por él a Bolivia.

Rafael Correa fue condenado en su país por una trama de corrupción que involucraba a empresas nacionales e internacionales, entre ellas la brasileña Odebrecht. Se le acusó de recibir pagos para financiar su movimiento político, Alianza País, a cambio de otorgar contratos. Correa se exilió en Bélgica, desde donde amenazó públicamente al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien en su calidad de periodista había documentado las corruptelas. Poco después, éste fue asesinado. “Pronto se te acabará la fiesta”, había escrito Correa, días antes, en un mensaje en redes sociales.

Tales fueron los invitados a la reunión en Puebla, donde convivieron en la mesa con el gobernador de la entidad y la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

Los oradores repitieron la retahíla de sobadas consignas del eje neomarxista latinoamericano, como la condena a la globalización, pero no tardaron en entrar en contradicciones, como cuando el expresidente colombiano Ernesto Samper llamó a “desdolarizar” la economía y crear una moneda común para los países del bloque, afirmación que puso los pelos de punta a Correa —cuyo país utiliza el dólar—, pues teme que eso pudiera afectar las posibilidades de que la candidata presidencial que él apoya, Luisa González, gane las elecciones del próximo 15 de octubre. Las esperanzas de Correa de volver a Ecuador dependen de ese resultado.

Pero la mayor contradicción que enfrentó la reunión no tuvo lugar en el Museo Internacional del Barroco —el recinto en el que se desarrolló el encuentro—, sino en los caminos que cruzan territorio mexicano rumbo a la frontera norte: en el que miles y miles de cubanos, venezolanos y nicaragüenses, entre otros, están buscando llegar a Estados Unidos, incluso a riesgo de su propia vida, como se vio con la volcadura, el domingo por la madrugada en Chiapas, en la que murieron diez migrantes cubanas, quienes viajaban escondidas en un camión de carga.

Ningún choro mareador puede negar el hecho de que las políticas que practican o defienden los adherentes al Grupo de Puebla provocan que la gente huya de sus consecuencias, buscando una vida mejor en Estados Unidos, país que fue el principal blanco de las críticas de la reunión del pasado fin de semana.