En las mismas

| 27 Sep 2023 - 11:06hrs

La desaparición, hace nueve años, de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa debió representar un punto de inflexión en la seguridad pública en el municipio guerrerense de Iguala.

Debió ser así porque, más allá de los resultados, dos gobiernos de la República –el de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador– destinaron importantes recursos económicos y políticos para encontrar a los jóvenes y para procesar a los involucrados en la desaparición.

La fuerza del Estado volcada sobre Iguala tuvo que haber erradicado de allí a los grupos delictivos o, cuando menos, inhibir su actividad.

Pero no fue así. Nada más hay que ver las cifras de las desapariciones que han ocurrido después de aquel infausto septiembre de 2014 para comprobarlo.

En una década, se ha reportado la ausencia de 408 personas en Iguala, de las cuales 296 no han aparecido (112 fueron localizadas, 21 de ellas sin vida y 91 de ellas con vida), de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación.

Según la misma información, esas 296 desapariciones no resueltas –las cuales incluyen las 40 de Ayotzinapa que siguen pendientes– quedaron registradas en el siguiente orden cronológico: 122 en 2014; 13 en 2015; 17 en 2016; 16 en 2017; 24 en 2018; 14 en 2019; 20 en 2020; 28 en 2021, y 12 en 2022. De las 30 restantes, 20 se reportaron en el último tramo de 2013 y diez en los que va de 2023.

Es decir, aunque las desapariciones en Iguala bajaron drásticamente después de los hechos de septiembre de 2014, no se acabaron. De octubre de ese año a la fecha, se han registrado 264 ausencias, de las cuales 159 quedan pendientes de resolver. Esto es, casi cuatro veces el número de estudiantes de Ayotzinapa a los que se sigue buscando.

Iguala es un fracaso para la justicia, pues, aunque creamos en la exactitud de la llamada verdad histórica o en la versión –muy poco distinta– que ha construido el actual gobierno, los pendientes son demasiados: sigue sin haber indicio alguno del paradero de 40 de los 43 estudiantes, y, desde entonces, hay otros 159 casos en la misma situación. Después de septiembre de 2014, se han registrado, en promedio, 17 desapariciones por año en ese municipio, más de uno al mes en promedio.

Además, aunque Guerreros Unidos –el grupo delictivo que protagonizó aquellos hechos– ya no existe con ese nombre, el estado de Guerrero en general e Iguala en particular están rebosantes de actividad criminal: ahí están La Familia Michoacana, Los Tlacos y Los Ardillos, por mencionar a apenas tres grupos del crimen organizado que operan en la región centro-norte del estado y que obtienen grandes ganancias mediante la extorsión a sectores productivos y del transporte, así como a las autoridades constituidas.

Tan sólo en los últimos cuatro meses, Iguala ha sido escenario de varios homicidios que han merecido la atención de los medios: el de Pablo Salgado, locutor de radio y narrador de jaripeos, ejecutado por un comando armado cuando circulaba por el periférico de la ciudad, a principios de junio pasado; el del empresario Arturo Moreno, comercializador de materiales de construcción, asesinado a fines de ese mismo mes en la salida a Taxco; el de Humberto del Valle Zúñiga, esposo de Zulma Carvajal, promotora de Claudia Sheinbaum, prima de la gobernadora Evelyn Salgado y aspirante a la alcaldía, ocurrido a principios de agosto cuando la víctima y su pareja salían de su casa, y el de tres trabajadores de una carnicería del mercado municipal, el 5 de septiembre.

Iguala no ha encontrado la paz. Luego de que el caso Ayotzinapa sacudió al país y al mundo, la violencia criminal ha seguido azotando a ese municipio, igual que lo ha hecho en muchos otros lugares de Guerrero.

BUSCAPIÉS

*A nueve años de la desaparición de los estudiantes, el abogado de sus familiares, Vidulfo Rosales, denunció que la narrativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se acerca a la llamada verdad histórica del sexenio pasado.