Bitácora del directorPascal Beltrán del Río |
| 06 Oct 2023 - 08:48hrs
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores llegó a caer ayer 4.4%, su mayor desplome desde el inicio de la pandemia.
Y aunque luego se redujo la pérdida a 3.32%, quedó claro que el mercado respondió negativamente al anuncio que hizo la víspera el gobierno, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), de que modificaría, unilateralmente y sin aviso previo, la estructura de tarifas aeroportuarias de tres grupos privados que cuentan con concesiones para el manejo de terminales aéreas.
El IPC fue arrastrado por la caída en el precio de las acciones de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que manejan, en conjunto, 34 terminales, entre ellas las de Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, Cancún, Mérida, Veracruz, Monterrey y Acapulco.
Si bien puede alegarse que los aeropuertos mexicanos son caros respecto de los de muchos otros países –como ha encontrado en sus estudios la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)–, la decisión de modificar las tarifas se tomó sin haber convocado antes a una mesa de diálogo con la parte afectada. Además, se hizo de una manera que pega a la libre competencia, pues los cambios no contemplan a las terminales que opera y administra Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
El desplome del precio de las acciones de ASUR (-16.77%), GAP (-22.44%) y OMA (-25.95%) refleja una preocupación sobre cómo enfrentarán dichas empresas la reducción sustancial de ingresos que implica la modificación brusca de las tarifas.
A reserva de que se determine la legalidad de la medida, cambiar de golpe y porrazo las condiciones del título de concesión seguramente dará al traste con el plan de negocios que las empresas habían establecido y manda un mensaje muy negativo sobre el país como destino de inversiones, pues muestra que el gobierno tiene tirria a lo privado y está dispuesto a pasar por encima de cualquier cosa que se haya pactado.
Subrayada por el ruidoso derrumbe bursátil de ayer, la medida se suma a una serie de señales cargadas de incertidumbre que México ha mandado en el marco del nearshoring, el fenómeno de relocalización de cadenas de valor del que nuestro país podría beneficiarse enormemente en caso de hacer bien la tarea. La desatención en infraestructura, seguridad pública, disponibilidad de energía y agua, capacitación laboral y certeza jurídica, entre otros rubros, no ayuda a posicionar a México en el entorno mundial, donde siempre existen sitios alternos para invertir.
El miércoles le comentaba aquí que México deberá tener mucho cuidado con la imagen que proyecta ya que, de por sí, hay empresas que piensan que es mejor esperar a que pasen las elecciones de 2024 antes de decidir si vienen o amplían su presencia en el país. No conviene estimular interpretaciones como que el gobierno está dispuesto a hacerse de activos apretándole el cuello al sector privado.
BUSCAPIÉS
*Esta semana, al volver de un viaje de trabajo, me formé en la fila de los taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A la vista de todos los que esperábamos turno, había una cubeta amarilla en el suelo, con algo de agua, sobre la que alguien había escrito “goteras” en mayúsculas, con plumón negro. A menos de que se trate de un novedoso sistema de captación pluvial, parece que las autoridades de la terminal prefieren comprar cubetas que reparar filtraciones. Gran contraste con el impecable aeropuerto del Bajío, del que había yo despegado y que administra GAP.
*El diputado local Marlon Ramírez Marín informó en el Congreso de Veracruz de la existencia de un esquema para desviar recursos públicos mediante la creación de empresas y el uso de prestanombres para asignar contratos de prestación de servicios. Con base en información que, dice, le entregó el fallecido secretario de Salud Gerardo Díaz Morales, el legislador priista detalló que 50 empresas de nueva creación obtuvieron mil 600 millones de pesos mediante 160 contratos otorgados entre 2019 y 2022, de los cuales 94 fueron por adjudicación directa y 66 por invitación.