Caminos de Michoacán, sembradíos de muerte

| 13 Feb 2025 - 09:56hrs

Pablo Ríos Buenrostro estaba acostumbrado a trabajar. Desde niño, vendía bolsas de limón, a diez pesos, en las calles de Apatzingán.

En su casa había poco dinero, y el niño contribuía con los gastos del hogar, pues el padre de Pablo abandonó a la familia cuando él tenía siete años. “Pablo era el hombrecito de la casa, pero yo siempre le decía ‘mi niño’”, relata Alejandra Buenrostro, su madre.

Al terminar la primaria –en la escuela Vicente Guerrero, de Apatzingán–, Pablo decidió que ya no estudiaría más. “Y yo estuve de acuerdo, porque no nos sobraba el dinero y mi niño me ayudaba”.

Cuando Alejandra encontró una nueva pareja, se mudó al poblado de Francisco Villa, mejor conocido como Catalinas, en el municipio de Buenavista Tomatlán. Por la inseguridad que hay en la zona, mandó a Pablo con su abuelo a Santa Ana Amatlán, comunidad de la misma demarcación, ubicada a media hora.

Pablo laboraba cortando limón en diferentes huertas de los alrededores. “El viernes por la noche, lo fui a dejar en la moto a casa de mi papá. Se tenía que levantar temprano para ir a trabajar. Cuando nos despedimos, se recargó en mi hombro. Lo abracé y le di un beso y le dije ‘te cuidas mucho, mi niño’”.

Alejandra no volvería a ver a Pablo. El chico, de 15 años de edad, salió de la casa de su abuelo a las siete de la mañana y se dirigió a una huerta que los locales conocen como La Galera, por el rumbo del panteón. Allí se encontraba, cortando limón, cuando pisó una mina que había sido sembrada en la parcela. Su cuerpo quedó destrozado. Otro jornalero, de nombre José Luis, resultó herido y murió poco después.

Alejandra supo de lo sucedido a su hijo por una llamada que le hizo su hermana Remedios, cuyo hijo, primo de Pablo, también estaba ese día en la huerta. Aún no sepultaba a Pablo cuando conoció las declaraciones que sobre el caso hicieron el fiscal estatal, Adrián López Solís, y el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, quienes especularon que los fallecidos pudieron no haber sido campesinos, sino miembros de la delincuencia.

“Hay datos que pudieran sugerir que no necesariamente son víctimas, sino que, en alguno de los casos (sic), estaban manipulando el artefacto explosivo improvisado”, afirmó López Solís.

“Quiero felicitar al fiscal del estado y al secretario de Seguridad Pública”, ironizó el diputado local con licencia y dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes. “Son un par de chingones. Encontraron el hilo negro y saben que una persona que muere a consecuencia de una mina explosiva, no es víctima. Y que un niño de 15 años, que en una parcela tuvo la desgracia de encontrar un artefacto explosivo, se merecía morir, porque, pues, andaba en eso del crimen organizado”.

Unos días antes de la muerte de Pablo y José Luis, yo había entrevistado a Valencia en Imagen Radio, por una campaña que realiza, en una amplia zona del estado, para colocar letreros de advertencia en zonas rurales que podrían estar minadas.

“La delincuencia ha sembrado estos artefactos para impedir que los grupos rivales y las fuerzas de seguridad puedan circular por las zonas en disputa, pero los más afectados son los civiles inocentes”.

Valencia informó que la zona con mayor presencia de minas es una franja de municipios michoacanos colindantes con Jalisco, desde Cotija hasta Tepalcatepec. “Es muy peligroso andar por toda esa región. Deben ser centenares de artefactos explosivos los que están sembrados allí”.

Como ya se vio, las minas no sólo son ocultadas bajo las brechas –donde han muerto lo mismo militares comisionados que pobladores–, sino también en las huertas, cuyos dueños son constantemente extorsionados por la delincuencia.

Al dolor que sufre Alejandra por la pérdida de Pablo, se suma su indignación por las declaraciones de López Solís y Oseguera Cortés. “Si hubieran investigado un poco antes de hablar, sabrían que mi hijo era un muchacho luchón y trabajador”.

—¿Alguna autoridad se ha comunicado con usted?

—Nadie, ni siquiera para darme el pésame.