Narcoaranceles

| 10 Feb 2025 - 09:30hrs

Nuestra economía tuvo un respiro hace una semana, cuando el presidente Donald Trump accedió a posponer un mes la aplicación de aranceles a todo lo que México exporta a Estados Unidos.

El peso regresó a un nivel inferior a las 21 unidades por dólar, y el fantasma de la recesión a la que seguramente nos llevaría esa medida en caso de concretarse se esfumó por ahora.

Es verdad que dentro de 22 días los aranceles nos podrían caer encima, ahora sí, en caso de que Trump juzgue que no hemos cumplido con sus exigencias, pero ¿quién puede negar que es mejor tener un mes de gracia que no tenerlo?

El problema es que muchos mexicanos no cuentan con esa expectativa cuando se trata de las “cuotas” que imponen los grupos criminales a una larga lista de actividades económicas.

En una de ésas, podríamos ser casi todos, pues la extorsión, bien se sabe, produce inflación cuando se vuelve generalizada. Pero los más afectados son los productores, comerciantes y prestadores de servicios que se encuentran en el primer nivel.

El jueves pasado, una mujer que vende tenis en un mercado de la alcaldía Venustiano Carranza fue baleada en una pierna luego de que un hombre la había visitado para pedirle la “cuota”. Y aunque la policía capitalina se apresuró a tuitear que había “tomado conocimiento” de los hechos y que la agresión se derivó de un asalto, luego se supo que el verdadero motivo había sido la extorsión.

Historias como ésa se pueden encontrar todos los días en este país. Gente que ve severamente disminuidos sus ingresos por la obligación de pagar el derecho de piso o, peor, que es lesionada o incluso asesinada por los extorsionadores.

En Michoacán, también la semana pasada, el fundador de autodefensas Guadalupe Mora daba a conocer que los productores de limón de la Tierra Caliente deben pagar dos pesos por kilo a los criminales, cuando el monto que ellos reciben por la venta a los distribuidores es de siete pesos. El porcentaje es incluso superior al arancel que pretende cobrar Trump. ¿Qué actividad productiva puede aguantar eso?

Lo peor es que esas prácticas existen en muchísimos sectores de la economía. Con el aguacate sucede lo mismo que con el limón. Igual, en el transporte público, pues hemos visto las torturas y humillaciones a las que someten los criminales a los choferes de las unidades colectivas en Acapulco que no llegan a la “cuota” exigida.

En los mercados, el cobro de piso es cosa de todos los días. Como en el 2 de Abril, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde hace tres meses mataron de un balazo a un carnicero de nombre César y donde los comerciantes han alzado la voz para exigir que las autoridades les den seguridad. “Nos piden que denunciemos y ¿qué es lo que pasa? O no nos hacen caso porque están coludidas con ellos o les tienen miedo, y luego nadie nos ayuda y hasta nos matan”, relató un familiar de la víctima.

Mientras buena parte del país está pendiente de lo que pudiera pasar el 4 de marzo, cuando Trump levante o baje el pulgar para indicar si México ha hecho suficiente para merecer otro plazo de posposición de los aranceles o su suspensión definitiva, las víctimas de extorsión lo ven distinto.

“Si vienes aquí a Michoacán a hablarles de aranceles impuestos por Estados Unidos, no les va a importar”, declaró la semana pasada Guadalupe Mora. “Aquí lo único que importa son los aranceles que cobra el crimen organizado, las cuotas que imponen a la gente trabajadora: limoneros, mangueros, aguacateros. Todo aquel que trabaje, tiene que pagar”.

Esos narcoaranceles nadie los pospone, ni temporalmente ni para siempre. Trump es duro, pero los criminales que cobran piso son implacables. No satisfacerlos, lo hemos visto, puede llevar a la muerte.

La cosa es que, a diferencia de los aranceles de Trump, cuya aplicación depende por completo de su voluntad, estos otros podrían cesar si la autoridad sólo hiciera su trabajo.

Buscapiés

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