Proceso descuidado, desaseado y manipulado

| 07 Feb 2025 - 10:03hrs

El pretexto para no invitar el miércoles a la Suprema Corte para la conmemoración del 108 aniversario de la expedición de la Constitución fue que el Poder Judicial no había respetado la Carta Magna. Si ése fuera el caso, tampoco se debió haber invitado al Poder Legislativo, porque éste la ha violado repetidamente.

Y lo peor es que la actual Legislatura ha pasado por encima de la propia reforma judicial –desacatada por los juzgadores, en opinión de los otros dos Poderes–, la misma reforma que senadores y diputados de la mayoría oficialista aprobaron a toda prisa y sin reflexión durante la primera quincena del periodo de sesiones, a fin de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera presumir, durante las pasadas Fiestas Patrias, que se había vuelto a salir con la suya.

Son varias las violaciones a la Constitución en las que ha incurrido el Legislativo durante el proceso –en su fase final– para designar a los candidatos que aparecerán en la boleta para renovar o designar por primera vez 881 cargos del Poder Judicial.

La primera se la conté en esta Bitácora hace unos días: el oficialismo, que se empeñó en que la Constitución no debe interpretarse –y así lo puso por escrito en más de un artículo, incluyendo el décimo primero transitorio de la reforma judicial–, ha sido parte de diversas decisiones que no se apegan a lo que dice textualmente la Carta Magna.

La más notoria de esas interpretaciones a modo la hizo al convertirse en sustituto del Poder Judicial, luego de que el Comité de Evaluación de ese órgano se desistió de seguir adelante con la designación de los candidatos que le correspondía postular, en atención a sendas resoluciones de dos jueces de distrito que así se lo ordenaron.

Sin que esté entre sus facultades, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habilitó a la Mesa Directiva del Senado para que concluyera dicha labor, ante lo cual presentaron su renuncia los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial y éste quedó disuelto.

Lo único que dice la Constitución –artículo 96, fracción III– es que “los Poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente”. No prevé que otro Poder termine el trabajo. Ésa fue otra violación, producto de la anterior.

Pero hubo más. Por ejemplo, en noviembre pasado, a punto de vencerse el plazo de registro, el Senado improvisó una dirección de correo electrónico para que se inscribieran los interesados, alterando sus propias reglas; y en diciembre se retrasó dos días en la entrega del primer listado de aspirantes elegibles para participar en el proceso.

También se atropelló la transparencia que debió acompañar el proceso de designación de los aspirantes, pues las entrevistas con ellos, que debían ser públicas, fueron privadas.

Luego, no hubo información sobre los criterios para incluir a algunos candidatos y descartar a otros. Nunca hubo argumentación, sólo se publicaron los nombres. Caso destacado, el del exsenador Roberto Gil, quien buscaba ser ministro de la Suprema Corte, excluido por dos comités, sin explicación alguna.

No se cumplió con lo establecido en el artículo 96, fracción II, inciso, c de la Constitución, que determina el número de aspirantes a cada cargo en disputa, grupo que pasa a la ronda final para ser insaculado. Y dicha violación dio lugar a que en las listas que serán remitidas al Instituto Nacional Electoral no se haya alcanzado la cifra de cinco mil 410 candidatos.

De acuerdo con un recuento que realizó mi compañera Leticia Robles de la Rosa, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo sólo entregará 976 nombres; el del Poder Judicial (sustituido indebidamente por la Mesa Directiva del Senado), 995, y el del Poder Legislativo, mil 122, por lo que la suma de candidatos en la boleta apenas rebasará los tres mil, muy por debajo de los que deberían ser (cinco mil 410). De ese modo, habrá posiciones de juez de distrito por las que compitan sólo dos personas, cuando tendrían que ser seis.

Total, que México va a una elección descuidada, desaseada y manipulada, repleta de violaciones a la Reforma Judicial, por parte de los mismos legisladores que la aprobaron.