 | Bitácora del directorPascal Beltrán del Río |
| 31 Ene 2025 - 10:13hrs
La ayuda internacional de Estados Unidos ha sido uno de los pilares del orden mundial surgido de la posguerra, conocido también como Pax Americana.
El soft power (poder blando) ha permitido a Washington incidir en las políticas de otros países de manera sutil, en contraste con la fuerza militar, cosechando aliados e impulsando los intereses estadunidenses en el mundo.
En México, esa política comenzó a verse a principios de la década de los años cincuenta, con la aprobación de la Ley de Seguridad Mutua, mediante la cual Estados Unidos otorgó a nuestro país asistencia para el desarrollo.
En 1961, el presidente John F. Kennedy firmó la Ley de Asistencia al Exterior, que dio vida a USAID como la agencia líder para todos los programas de ayuda al exterior. En el caso de México, se involucró en esos primeros años en asuntos de planeación familiar.
Con el tiempo, comenzó a apoyar a organizaciones de la sociedad civil, con causas como la revisión del gasto público y la defensa de los derechos humanos, mismas que jugaron un papel importante en la democratización del país a fines del siglo pasado.
Esa historia de más de seis décadas de USAID podría llegar a su fin por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que puso en suspenso todos los programas de asistencia en decenas de países.
Para asegurarse de que se cumpliera su instrucción, Trump amenazó con acciones disciplinarias a los empleados de USAID y puso en licencia a unos 60 altos funcionarios de la agencia.
Los beneficiarios recibieron la semana pasada un correo electrónico en el que se les avisa que por 90 días deberán dejar de aplicar los fondos recibidos y que no habrá nuevas transferencias hasta que se haga una evaluación de cada programa.
Esto último será imposible, pues hay miles de ellos. No se pueden revisar en tan poco tiempo. Lo más probable es que la política de asistencia de Estados Unidos sea engullida por el America First, el pensamiento nativista que impulsó a Trump a la Casa Blanca en dos ocasiones.
El resultado será que muchas de las pequeñas organizaciones que se financian principalmente con los fondos de asistencia estadunidenses –que impulsan programas de vacunación, diversidad sexual, defensa del medio ambiente, derechos de los animales, prensa independiente y promoción de la democracia, entre otros– no resistirán la sequía financiera.
El eventual debilitamiento del llamado tercer sector –formado por organizaciones privadas, sin ánimo de lucro, nacidas de la iniciativa ciudadana– derivaría en el fortalecimiento de las tendencias autocráticas que recorren el mundo.
La experiencia mexicana en ese sentido es muy clara. Desde el inicio de su gobierno, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a sus funcionarios (“Circular uno”, 14 de febrero de 2019) entregar “los apoyos para beneficio del pueblo directamente a los beneficiarios” y cancelar los programas en los que fungían como intermediarias organizaciones sociales, campesinas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
López Obrador nunca pudo lograr que Estados Unidos hiciera lo mismo con las organizaciones mexicanas a las que apoyaba a través de USAID, a pesar de haber escrito dos cartas a su homólogo Joe Biden, en mayo de 2021 y agosto de 2024, para que Washington cancelara la asistencia a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Ahora, ya fuera del gobierno, el tabasqueño parece haber obtenido lo que quería, de la mano de su amigo Trump.
Sin embargo, la nueva política de Washington en la materia también podría privar al gobierno de Claudia Sheinbaum de los recursos que USAID otorga a México para lograr sus metas de reforestación.
