La transparencia del espejo

| 17 Oct 2024 - 08:47hrs

.Los cuatro comisionados del Inai salieron de la Secretaría de Gobernación animados por la buena disposición que encontraron en su titular, Rosa Icela Rodríguez, quien los recibió ayer en Bucareli por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque la reunión representó un avance respecto de los usos y costumbres del sexenio pasado –cuando el gobierno no hablaba con nadie que considerara “adversario”–, la actitud receptiva de la secretaria de Gobernación no alcanzará para compensar la decisión del oficialismo, que ya parece tomada, de desaparecer a varios órganos constitucionales autónomos, entre ellos ese instituto.

La postura de la actual administración es que no hace falta el Inai para garantizar la transparencia y que de esa tarea se encargará ahora la Secretaría de la Función Pública, que pronto será rebautizada como Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. No está mal esa promesa, pero sería una muestra más sólida de compromiso el comenzar a eliminar las áreas de opacidad que dejó el gobierno que terminó sus funciones el 30 de septiembre.

Por mencionar una, ahí está el programa La Escuela es Nuestra, con el que la administración de Andrés Manuel López Obrador sustituyó al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. La médula del cambio consistió en entregar el dinero “directo” a las escuelas, para que los padres de familia, profesores y autoridades, organizados en Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), decidieran cuáles eran las mejoras que requería su plantel.

“Les va a alcanzar para más”, prometió López Obrador en su conferencia del 19 de junio de 2019. El problema es que no fue así. Como recordó ayer en su artículo en estas páginas mi compañero Carlos Ornelas, la Auditoría Superior de la Federación “encontró anomalías en los gastos de 2020 y 2021”, ejercidos mediante dicho programa.

“La auditoría realizada al gasto público descubrió que en 2020 se dieron apoyos duplicados a cinco beneficiarios por un millón 150 mil pesos y se entregaron un millón 500 mil pesos a tesoreros de siete comités que habían muerto un año antes”, escribió Ornelas.

Los CEAP se instituyeron para recibir los fondos de La Escuela es Nuestra, vía los Servidores de la Nación. Otras irregularidades encontradas incluyen una escuela en Chiapas, cuyo comité escolar recibió 500 mil pesos, pero dicha cantidad fue depositada en una cuenta bancaria distinta de la registrada en la base de datos. En la auditoría de 2021, se halló que mil 757 planteles no demostraron cómo se usaron 573 millones de pesos.

En diferentes partes del país, refirió Ornelas, ha estallado el coraje de los padres de familia, porque no se sabe cómo se utilizaron los recursos. Hay casos en los que aparentemente fue robado y otros en los que las obras de mejora se encargaron a constructores vinculados con los titulares de los CEAP.

Cuando la ASF pidió a la Secretaría de Educación Pública que explicara el destino de los recursos, la respuesta fue que éstos se entregaron a los CEAP y cada uno decidió qué hacer con ellos. “Metáfora para institucionalizar la impunidad”, describió Ornelas en su artículo de ayer.

Con La Escuela es Nuestra se aplicó la política de machetazo que caracterizó al gobierno anterior. E, igual que ocurrió con el Insabi, que sustituyó al Seguro Popular –y fracasó tan estrepitosamente que fue disuelto–, este programa de infraestructura educativa no parece haber entregado buenos resultados.

El lío es que ahora se pretende que tenga continuidad. Si el actual gobierno realmente tiene voluntad de ser transparente –y está convencido de que no hace falta un ente autónomo para garantizar el derecho de acceso a la información–, tiene la oportunidad de demostrarlo con este programa.

En cinco años se gastaron casi 89 mil millones de pesos en La Escuela es Nuestra. Antes de que continúe dispersándose dinero público de forma directa a los comités, debería quedar claro qué pasó con esos recursos. Quién recibió dinero, cuánto y qué hizo con él. De otro modo, el compromiso de que el gobierno se autorregule y aplique él mismo la transparencia se lo acabará llevando el viento.