 | Bitácora del directorPascal Beltrán del Río |
| 08 Oct 2024 - 10:55hrs
“El territorio está en paz” fue la declaración con la que arrancó el nuevo gobierno federal.
La frase fue de la secretaria de Gobernación –y secretaria de Seguridad saliente–, Rosa Icela Rodríguez, primera funcionaria en asumir su cargo, pasada la medianoche del 30 de septiembre, casi 12 horas antes de que Claudia Sheinbaum se ciñera la banda presidencial.
Desde que lo escuché, pensé que era un dicho inapropiado y así lo escribí. Una semana después, luce aún más fuera de lugar.
En los seis primeros días del gobierno, según cifras oficiales, se acumularon 488 homicidios dolosos, un promedio de 81 diarios. Es un número propio de una guerra.
La semana pasada, un camión con migrantes fue rafagueado por soldados en Huixtla, Chiapas, hecho que resultó en la muerte de seis de ellos. De inmediato, el Ejército aceptó la responsabilidad y detuvo a los dos elementos que dispararon –lo cual habla bien del instituto armado–, pero aún quedan cosas por dilucidar y no se ha acabado de dar toda la información, como si el silencio y la ambigüedad fueran la manera de acabar con los problemas.
Por ejemplo, ¿va a seguir en su cargo Francisco Garduño como responsable del control migratorio, a pesar de que durante su gestión se dio un incendio en un centro de detención que costó la vida a 40 personas? ¿O Garduño sólo está manteniendo caliente la silla en lo que termina su periodo alguno de los gobernadores morenistas que entregarán el poder en diciembre, quien podría entonces asumir el puesto?
Asimismo, ha seguido la violencia en Sinaloa, producto del enfrentamiento de dos facciones del Cártel del Pacífico, que ha dejado centenar y medio de muertos, y dos centenares de secuestrados/desaparecidos. Luego, están los incendios, aparentemente provocados, de grandes locales comerciales en la zona metropolitana de Guadalajara, y las masacres en Guanajuato, derivadas de la lucha por la plaza entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima.
Y podríamos seguir con las balaceras en Tuxpan, Veracruz, y en Ensenada, Baja California, así como la continua disputa en la sierra de Chiapas por el control de las rutas por las que se trafican drogas, armas y personas.
Todas ésas han sido noticias de la última semana. Pero ninguna ha provocado más horror que el homicidio y decapitación del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, la tarde del domingo.
El cuerpo mutilado del edil, quien había tomado posesión menos de una semana antes, fue dejado en una camioneta –la cabeza sobre el toldo; el resto, en el asiento del copiloto–, a la vista de todos, con lo que la escena dantesca pudo ser fotografiada por cualquier transeúnte y subida a las redes sociales.
No recuerdo otro asesinato de un presidente municipal de una capital estatal en tiempos recientes. Menos aún, en un contexto tan terrible. Revisé la lista de los cerca de 90 alcaldes asesinados en México de 2006 a la fecha y la enorme mayoría son de municipios pequeños, salvo dos –Valle de Chalco, Estado de México, y Temixco, Morelos– y ninguno de ellos es de aquellos donde se asientan los Poderes del estado.
Chilpancingo, con 283 mil habitantes, supuestamente es una ciudad bien resguardada, con presencia importante de guardias nacionales, soldados, marinos y policías estatales y municipales.
El viernes pasado, Alejandro Arcos me dio una entrevista para Imagen Radio en la que pidió protección al gobierno guerrerense y a la Federación, luego del asesinato de dos importantes colaboradores. La ayuda, evidentemente, no llegó.
Aún se recuerda la declaración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien contó que un día dos mil sicarios armados descendieron sobre Chilpancingo y él ordenó no enfrentarlos. ¿Acaso dejaron morir al alcalde?
Hoy, como se ha informado, se hará público el plan de seguridad del gobierno federal. Es deseable que el diagnóstico del que parta sea el reconocimiento de la gravedad de la situación y, por tanto, que no se apueste por intentar convencer a los mexicanos de que su país está “en paz”.
