Crisis constitucional

| 07 Oct 2024 - 08:13hrs

Desde que el oficialismo decidió que iba a aprobar, a como diera lugar, una reforma constitucional para someter al Poder Judicial, diversos juzgadores han emitido fallos que el Ejecutivo y el Legislativo han decidido pasar por alto.

A petición de partes afectadas, ordenaron detener el proceso de discusión y votación de la reforma, para que no fuera remitida a los Congresos estatales ni fuera turnada al Ejecutivo e, incluso, no fuera publicada.

Todo ello importó nada a los aludidos, quienes procedieron de acuerdo con las órdenes dictadas por el aún presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya había convertido a las mayorías legislativas de su movimiento en una oficialía de partes.

Así lo había hecho ya otro López, el dictador Antonio López de Santa Anna, al someter al Congreso a su capricho y mandar al diablo la Constitución de 1824 –cuyo bicentenario se conmemoró hace apenas unos días—, convirtiendo al Congreso ordinario en constituyente para aprobar las Bases de Reorganización de la Nación Mexicana, que luego dieron lugar a las llamadas Siete Leyes, la Constitución centralista de 1836.

La reforma judicial lopezobradorista fue dictaminada por la Legislatura saliente y aprobada a toda prisa por la nueva Cámara de Diputados, en la que el oficialismo obtuvo mayoría calificada a pesar de haber logrado apenas 54% de la votación, gracias a un complaciente Tribunal Electoral.

El oficialismo ha pretendido que olvidemos todo lo ocurrido en el camino de aprobar y publicar dicha reforma. No solamente la manera caprichosa en que se le otorgó el número suficiente de diputados para modificar por sí solo la Constitución, sino la forma en que obtuvo los votos que le faltaban en el Senado, comprando y amenazando a los legisladores. ¿Y a eso quieren que se le considere “la voluntad del pueblo”?

Ahora quiere desconocer que aún hay una SCJN vigente, tan investida de facultades como los otros Poderes, incluso llamándola “golpista”, cuando el evidente desaseo es el de ellos.

Y es que su reforma, malhecha en su precipitación y ánimo vengativo, olvidó precisar qué pasaría entre la publicación de los cambios y la votación que dará lugar a una nueva Suprema Corte; un lapso de casi un año.

Es este máximo tribunal, el aún existente, y nadie más, el que tiene la facultad de interpretar la Constitución. En días recientes hemos escuchado toda clase de opiniones sobre si la Suprema Corte puede o no cuestionar una reforma a la Carta Magna —por el simple hecho de ser “constitucional”—, pero la única opinión válida es la de la propia Corte, que la semana pasada decidió, por ocho votos a tres, que entrará en el análisis de las impugnaciones que se han realizado a los cambios.

Lo que estamos viendo, como dice el constitucionalista José Elías Romero Apis, en un texto que se publica en estas mismas páginas, no es una intervención en las facultades de otros Poderes, sino el uso de atribuciones que están hechas, justamente, para evitar extralimitaciones.

La “interpretación” a conveniencia, por parte del Ejecutivo y Legislativo, nos ha metido en una crisis constitucional.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dice que habrá elección de juzgadores en junio próximo, haga lo que haga o diga lo que diga el Poder Judicial. No dudo que el oficialismo pueda forzar una situación así, pero eso tendrá dos consecuencias: 1) no será legal y así se percibirá en el país y en el extranjero, y 2) abrirá aún más la puerta a que ningún fallo judicial sea acatado.

¿Se imagina, lector, que gana usted un recurso judicial para que una autoridad le devuelva una propiedad que le ha sido ilegalmente retenida o entregada a otro, pero que no haya quién haga valer la decisión? ¿O que un pleito de particulares, ya debidamente resuelto, no se extinga por decisión judicial y dé lugar a una confrontación violenta?

Por ese camino nos está llevando el oficialismo, al convertir en intérpretes de la Constitución a quienes no tienen esa atribución.

No olvidemos que el periodo de mayor inestabilidad política que ha vivido históricamente el país es el de 1834-1854 a raíz de que Santa Anna jugó con la Constitución.