¿Que el país está en paz?

La mañana del lunes 30 de septiembre, a las 9 horas, autoridades y socorristas de Culiacán, Sinaloa, fueron informados sobre un tiroteo en la zona de Tres Ríos.

Cuando llegaron al domicilio señalado, sobre la calle Rufino Tamayo, encontraron dos hombres muertos a balazos. Una de las víctimas fue identificada como Faustino Hernández Álvarez, dirigente de la Unión Ganadera Regional, quien había sido diputado local por el PRI y dos veces regidor en el ayuntamiento capitalino. En 2021 contendió por la presidencia municipal de Culiacán, postulado por el PRI, aunque perdió la elección con Jesús Estrada Ferreiro, de Morena. En 2023 anunció su adhesión a ese último partido.

Datos oficiales indican que la violencia desatada en el estado hace 23 días ha dejado 130 homicidios y alrededor de 160 desapariciones de personas. El conflicto se ha extendido a otros municipios y se ha manifestado con la quema de vehículos y bloqueos en la autopista Durango-Mazatlán. Ante esto, poco han pesado los operativos de fuerzas policiacas y militares.

Mientras, en Chiapas, los enfrentamientos entre cárteles impidieron la instalación de nuevos ayuntamientos en Oxchuc, Pantelhó y Frontera Comalapa. Las autoridades municipales debían tomar posesión, igual que en el resto del estado, ayer 1 de octubre, pero la violencia lo impidió en esas demarcaciones. En la última, el alcalde electo Aníbal Roblero Castillo desapareció el 3 de septiembre. De acuerdo con imágenes de una cámara de seguridad, fue secuestrado en una cafetería de Tuxtla Gutiérrez.

El último fin de semana del sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinadas en el país 234 personas. Si se suman las 91 del 30 de septiembre, la cifra de homicidios llega a 325 en un lapso de apenas cuatro días.

El lunes mataron a 13 en Guanajuato, ocho en Sonora, siete en Puebla, siete en Baja California, siete en Sinaloa, seis en Veracruz, seis en Nuevo León y seis en Guerrero.

Como se ve, la violencia que acompañó el fin del periodo presidencial no se limita a uno o dos estados. Ha brotado en diferentes puntos de la República. Y, sin embargo, el nuevo gobierno no muestra prisa por anunciar el plan de seguridad pública que dice que implementará para hacer descender los indicadores de delitos de alto impacto. Está previsto que sea revelado en los próximos días, de acuerdo con lo que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ayer tomó posesión.

Horas antes, en el relevo que se realizó, a la media noche del lunes, en las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, quien dejó la titularidad de la segunda para asumir la de la primera, hizo el siguiente diagnóstico de la situación que está viviendo el país:

“Estamos conscientes de los asuntos que requieren nuestra atención inmediata; por eso desde ya, iniciaremos la comunicación con gobernadores, con integrantes de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y puedo asegurarles que el territorio se encuentra en paz”.

¿En serio, “en paz”? No sé qué me preocupa más, si la exsecretaria de Seguridad Pública y nueva secretaria de Gobernación está desinformada o si quiere tomarle el pelo a la ciudadanía. Sólo queda confiar en que el nuevo plan de seguridad encuentre el antídoto a la violencia criminal, algo que nunca logró el gobierno anterior. Ojalá que al menos pueda partirse de un diagnóstico certero y que la minimización de los problemas deje de ser la práctica recurrente.