Militarismo

Durante el sexenio que está por terminar, la Constitución ha sido reformada 80 veces, sin contar las modificaciones que están en curso. Esto significa más de 10% de los 774 cambios que se han realizado a alguno de los 136 artículos de la Carta Magna desde que ésta fue expedida en 1917.

Hay algunos, como el 73, que han sido modificados en decenas de ocasiones. Pero también hay 19 artículos nunca tocados. Entre ellos, está el 129, que dispone que “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.  Pues resulta que está en curso una modificación a dicho artículo —ya aprobada por la Cámara de Diputados—, cuyo texto ha permanecido incólume durante 167 años, pues los constituyentes de 1917 creyeron conveniente que el artículo 122 de la Constitución de 1857 apareciera idéntico en la nueva Carta Magna, donde se le asignó el número 129

El papel que deberían desempeñar los militares en la vida pública fue motivo de encendidos debates entre el Congreso Constituyente de Querétaro. Recomiendo leer el que protagonizaron los diputados Federico E. Ibarra, de Jalisco, y Juan de Dios Bojórquez, de Sonora.

El segundo sostenía que sin los hombres de armas no hubiera habido Revolución y que eso debía reflejarse en la nueva organización política del país, mientras que el primero lo corregía al recordar el papel de los civiles, como Francisco I. Madero, en el derrocamiento de la dictadura de Porfirio Díaz y propugnaba que la participación de los militares se limitara a las actividades castrenses. Fue esta última posición la que prevaleció. Y, aunque no sucedió de inmediato, los gobiernos surgidos del proceso revolucionario fueron acotando a los militares durante las siguientes tres décadas. Luego, a partir de los años 60, les empezaron a asignar labores que no les tocaban, como el combate a las guerrillas, primero, y al narcotráfico, después, tareas que correspondían a las policías.

Pero luego llegó el movimiento político gobernante, que poco o nada sabe de historia, y terminó de sacar a los soldados de sus cuarteles. Ahora, como corolario del sexenio, pretende aprobar una reforma que dota a las Fuerzas Armadas de poderes legales que no habían tenido en los 200 años que tiene de existir este país. 

El próximo 4 de octubre, se cumplirán dos siglos de la expedición de la primera Constitución que tuvieron los Estados Unidos Mexicanos, la República que surgió luego de la caída del imperio de Agustín de Iturbide, en marzo de 1823.

Terminada la Guerra de Independencia, los mexicanos no lograron ponerse de acuerdo en la redacción de una Constitución. El primer Congreso Constituyente, instalado el 24 de febrero de 1822, trabajó infructuosamente, en confrontación con Iturbide, hasta que éste lo disolvió. Le siguió una Junta Nacional Instituyente, que aprobó un Reglamento, pero una serie de alzamientos militares obligaron al emperador a restituir al Congreso Constituyente, pero no fue suficiente para evitar a Iturbide la abdicación y el exilio.

La Constitución de 1824 y su antecedente, el Acta Constitutiva de la Federación, fueron resultado de un proceso de construcción de consensos y adaptación de ideas sobre la república y la democracia que apenas se estaban poniendo en boga en el mundo. Uno de ellos fue restringir el papel de los militares en la vida pública. El artículo 154 de aquella Carta Magna disponía que aquéllos y los eclesiásticos quedan sujetos a las autoridades civiles.

De hecho, Miguel Ramos Arizpe, diputado en las Cortes de Cádiz y quien jugaría un papel importante en la redacción de la Constitución de 1824, propugnó desde 1811, en plena Guerra de Independencia, separar al gobierno militar del civil, como parte de una iniciativa para la Constitución española de 1812, de la que fue firmante. Ramos Arizpe criticaba que el poder real en muchas de las provincias de la Nueva España —entre ellas, la suya— estuviese en manos de los jefes militares y no del virrey.

Es decir, México tiene dos siglos de aplicar un principio que ahora se pretende echar por la borda bajo el pretexto de que como el Poder Ejecutivo está en manos de un civil, los militares también lo están.