Bitácora del directorPascal Beltrán del Río |
| 16 Feb 2024 - 09:10hrs
La revelación de que los obispos de Guerrero han intentado negociar una tregua con los grupos criminales que operan en la entidad –principalmente la Familia Michoacana y los Tlacos– pone de manifiesto la irrelevancia en la que ha caído la autoridad.
Resulta difícil de creer que los prelados puedan entrevistarse con personajes como los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, líderes del primer grupo delincuencial, y Onésimo Marquina Chapa, quien encabeza el segundo, y las fuerzas de seguridad pública no puedan localizarlos y detenerlos.
La manera en que el obispo de Chilpancingo explicó que no fue posible lograr un acuerdo entre dichas organizaciones delincuenciales revela que los gobiernos federal y estatal están al margen de la disputa por el poder real en la entidad.
Resulta que la Familia Michoacana, los Tlacos y otros grupos criminales se sienten dueños de franjas del territorio guerrerense –y lo son, en los hechos, porque las autoridades constituidas lo han permitido, por su incapacidad y acaso también por connivencia– y, como si el mapa del estado fuese un tablero de Monopoly o Conquest, discutieron, con la intermediación de los obispos, sobre si tal o cual municipio debía ser suyo o de los rivales.
En la mesa de la negociación estuvieron las ciudades de Iguala y Taxco, como si sus habitantes fueran simples peones de un moderno señor feudal.
A la postre no hubo acuerdo entre las partes, porque ninguna quiso ceder en sus pretensiones de control territorial, pero hoy la mayor preocupación de los guerrerenses no es en qué provincia criminal están involuntariamente parados –realmente da lo mismo cuál de los cárteles maneja la “plaza”–, sino que ya es obvio que no pueden contar con la ayuda de la autoridad que tiene el deber constitucional de defenderlos, pues ésta ha abdicado de su responsabilidad.
Ayer, en su conferencia mañanera, celebrada en la base naval de Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba que nunca ha habido tal despliegue de fuerzas de seguridad federales en Guerrero. Habló de elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, pero ¿de qué sirve esa presencia si se siguen dando la extorsión y los asesinatos, sin que casi nunca haya presuntos culpables detenidos y procesados?
Ayer mismo, horas después de esa conferencia, ocurrió un ataque contra el alcalde de Taxco, un municipio cuya economía está sólidamente en manos de la criminalidad. El edil se salvó gracias a que sus escoltas repelieron la agresión.
Uno tiene que preguntarse dónde está el Estado. Claramente no en Guerrero, donde ha tenido que intervenir la Iglesia para intentar pacificar la entidad, una tarea a la que han renunciado las autoridades.
Si desde el Vaticano pidieron o autorizaron a los obispos buscar a los jefes criminales para tratar de lograr un acuerdo de paz entre ellos –a fin de que la población no siga sufriendo los estragos de la violencia–, quiere decir que el vacío que han dejado los gobiernos estatal y federal, por su inoperante política de seguridad, ya se nota más allá de nuestras fronteras.
BUSCAPIÉS
*La respuesta siempre es la misma. Tengan que ver las denuncias con el desabasto de medicamentos, con los desaparecidos, con la violencia asesina de los criminales, con los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos, con la intervención del crimen organizado en las campañas, con los asaltos al transporte de carga, con la escasez de agua e incluso con la falta de resultados de las investigaciones penales en el caso Ayotzinapa, la postura del Presidente es invariable: todo se trata de él, todo se debe a que sus adversarios no lo quieren y que buscan afectarlo a él por la temporada electoral, y todo está inflado y en realidad no pasa nada.