No era la pobreza

En noviembre de 2018, dos semanas antes de tomar posesión de la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador hizo público el Plan Nacional de Paz y Seguridad que aplicaría durante su gobierno.

Acabar con la violencia en los pueblos y ciudades de México fue una de las demandas sociales que lo llevaron a ganar la elección de aquel año. En una entrevista, poco antes de aquellos comicios, afirmó que la inseguridad se extinguiría al día siguiente de las votaciones, pues se habrían terminado las razones para delinquir, que, según él, tenían que ver con la pobreza y la falta de oportunidades.

Ya siendo Presidente electo, al presentar su plan, López Obrador apostó a “enfrentar el mal con el bien”. Se acabarían los balazos, dijo, y se instaurarían los abrazos. Los programas sociales entrarían en las comunidades más violentas y el país se pacificaría, pues los sicarios se convertirían en becarios.

La estrategia central de su gobierno, adelantó, sería atender las causas de la inseguridad y dejar de “enfrentar la violencia con la violencia”, pues “no se puede apagar el fuego con el fuego”.

A menos de ocho meses de entregar la banda presidencial, dos cosas están claras: el mandatario cumplió con crear una serie de programas sociales al que se ha destinado una cantidad significativa de recursos del presupuesto federal, pero, al mismo tiempo, el objetivo explícito de que esa derrama de dinero se iba a traducir en paz social no se ha materializado y probablemente ya no lo haga.

El vínculo que el hoy Presidente estableció entre pobreza y criminalidad no parece tener puntos de apoyo. Es decir, que acabando con la primera –mediante la aplicación de programas sociales– se acabaría la segunda. Hoy sólo puede verse como un despropósito cargar el peso de la inseguridad en la existencia de personas en pobreza.  

Por falta de inversión pública no ha parado. De acuerdo con datos del Quinto Informe, el gobierno lopezobradorista ha becado a 12 millones de estudiantes mediante el programa Benito Juárez; ha capacitado a 2.6 millones a través de Jóvenes Construyendo el Futuro; ha dado apoyos económicos a dos millones de productores agrícolas y 200 mil pescadores, etcétera. El gasto en los proyectos prioritarios del gobierno, como los anteriores, superará este año los 964 mil millones de pesos.

Una hipótesis es que nunca existió una comprensión cabal de las razones del fenómeno criminal, que hoy, a más de un lustro del inicio del gobierno, domina territorios, incide en economías locales y hasta tiene presencia en la vida cultural del país.

Los homicidios dolosos –apenas uno de tantos indicadores de la violencia criminal– están cerca de alcanzar los 180 mil en lo que va del sexenio, una marca para los periodos presidenciales en la historia moderna del país.

El Presidente sostiene que la reducción marginal del número de asesinatos (20%) entre 2018 y 2023 reivindica su estrategia. Sin embargo, si uno toma como medida su promesa reiterada de reducir la tasa homicidios a la mitad, López Obrador se quedó corto. Además, por desgracia, en este inicio de año dicho delito parece estar tomando un nuevo aliento.

Además, los asesinatos no son el único fenómeno criminal que enfrenta el país. Por ejemplo, la extorsión, las desapariciones y el tráfico de migrantes asoman su rostro con gran frecuencia en una larga lista de estados, muchos de los cuales no habían sido presa de los cárteles como lo son hoy.

El presidente López Obrador reclama para sí mismo y su gobierno la reducción en el número de personas en situación de pobreza y ofrece como prueba las mediciones del Coneval. Lo que definitivamente no puede afirmarse es que dichos programas hayan contribuido a reducir la inseguridad.

El vínculo entre pobreza y delincuencia fue un diagnóstico basado en una simplificación: si son pobres, delinquen; si dejan de ser pobres, dejan de delinquir. Los programas sociales pueden haber tenido éxito en otras cosas –como crear una base de lealtad política–, pero no han conseguido que los mexicanos vivan en paz.