Cepillazo

| 01 Nov 2023 - 09:09hrs

“Cuando el pueblo de México necesita apoyo, se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en las primeras horas de la tragedia en la costa de Guerrero, causada por el impacto del huracán Otis.

Pese a esa afirmación, el mandatario propuso ayer utilizar los recursos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial recién extinguidos por la mayoría oficialista en el Congreso –unos 15 mil millones de pesos– para apoyar a los damnificados.

La pregunta que se desprende es obvia: si de verdad “no hay límites” presupuestales para el rescate de Acapulco y otros municipios guerrerenses, ¿para qué el cepillazo, para qué proponer que la fuente de financiamiento sean esos fideicomisos, cuando que, según se dijo originalmente, ese dinero se destinaría a becas para niños de escasos recursos?

Normalmente este tipo de barrumbadas presidenciales se las lleva el viento de la siguiente polémica. Sin embargo, en esta ocasión el aludido –es decir, el Poder Judicial– regresó el balón a la cancha de Palacio Nacional, por lo que el Ejecutivo se verá obligado a poner los puntos sobre las íes.

¿Qué fue lo que pasó? Con el aparente afán de dar credibilidad a su propuesta, López Obrador ofreció que sean los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia quienes vigilen que los recursos lleguen de manera correcta a quienes los necesitan.

El máximo tribunal pudo quedarse callado ante este nuevo ejercicio de polarización. O bien, pudo responder que, dado que el dinero de los fideicomisos fue arrebatado al Poder Judicial, los ministros ya nada tienen que ver en el asunto.

Sin embargo, Norma Piña Hernández, presidenta de la Corte, decidió tomarle la palabra a López Obrador. En una carta que le dirigió ayer por la tarde, la ministra consideró que la idea del Ejecutivo “representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población”, pero emplazó al Presidente a definir juntos el camino legal “para concretar la propuesta en cuestión”.

El asunto no es menor. En estos momentos, el dinero de los fideicomisos está en el limbo. Por un lado, está corriendo un plazo de 120 días –fijado por el artículo segundo transitorio de la reforma de la Ley del Poder Judicial– para suscribir los convenios de extinción correspondientes. Por otro lado, la presentación de amparos por parte de trabajadores del Poder Judicial tiene a esta materia sub júdice.

A simple vista, no parece haber camino legal para aplicar dichos recursos a la reconstrucción de la infraestructura e inmuebles en Guerrero y al alivio de los damnificados. Al menos, no de la forma expedita que se requiere. En estricto sentido, el dinero no es del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo, por lo que, de entrada, las partes estarían dialogando sobre qué hacer con lo ajeno.

Aun así, va a ser interesante ver el siguiente movimiento de piezas del Presidente. Por supuesto, podrá pedir que sus legisladores –obedientes como son– vuelvan a reformar la Ley del Poder Judicial para cumplir su deseo. O que sus diputados aprueben una partida equivalente al monto de esos fideicomisos, como parte del Presupuesto de Egresos 2024, pero, como dice el dicho, no será lo mismo que lo mesmo.

La urgencia de responder a la devastación producida por Otis –que sólo en Acapulco ha dejado a 187 mil personas sin empleo y, según algunas cuentas, provocará un desplome del PIB de Guerrero de 16% en el cuarto trimestre– debiera ser la señal para que la clase política se deje de juegos como ése, pero, ¿qué se le va a hacer?, es lo que hay.

BUSCAPIÉS
*Con la misma falta de cálculo con la que el presidente López Obrador cerró la puerta de Palacio Nacional a Xóchitl Gálvez, proyectándola como aspirante presidencial, las bancadas oficialistas en el Congreso de la Ciudad de México negaron ayer la licencia a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, para evitar que compita por la Jefatura de Gobierno.