 | Bitácora del directorPascal Beltrán del Río |
| 29 Abr 2025 - 09:37hrs
Ha transcurrido más de un mes desde que se informó sobre el aseguramiento de un buque tanque que atracó en Tampico con 10 millones de litros de diésel, combustible presuntamente comprado en Texas y que iba a ser introducido en México sin pagar impuestos y haciéndolo pasar por aditivo para aceite.
A pesar de que el contenido ya estaba siendo descargado, y que la autoridad federal aseguró en ese mismo operativo “29 tractocamiones, armamento y vehículos”, la investigación no ha arrojado resultados concretos, como personas detenidas.
Una labor de reporteo, de los periodistas Verónica Ayala e Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha sido más rápida para jalar el hilo de la madeja de intereses públicos y privados que reina en este caso.
De acuerdo con lo que indagaron, la empresa Intanza, señalada de ser la importadora del combustible, tiene nexos con un alto directivo de la Administración del Sistema Portuario Nacional-Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez.
Dicha dependencia pública forma parte de la red de 18 ASIPONAS, que dependen de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, a cargo de la Secretaría de Marina (Semar).
De acuerdo con información pública, las Asiponas, “constituidas como empresas públicas prioritarias, se encargan de la planeación, programación, desarrollo, uso, aprovechamiento y explotación del puerto en concesión. Son autosuficientes, productivas y competitivas” (sic).
El 1 de junio de 2021, Día de la Marina, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las administraciones portuarias integrales, así como la Marina Mercante, quedarían a cargo de la Semar, al afirmar –de acuerdo con el comunicado que se emitió en esa ocasión– que es “la institución más preparada para defender la soberanía y enfrentar las amenazas del contrabando y la introducción de droga”.
Tres años después, en su mañanera del 3 de septiembre de 2024 –a punto de concluir su sexenio–, López Obrador afirmó que haber puesto a la Semar al frente de las aduanas fue “una de las mejores decisiones que tomé como Presidente”, pues su gobierno había “avanzado muchísimo en el combate al contrabando”.
Dicha decisión provocó que renunciara el primer titular de la entonces SCT, Javier Jiménez Espriú. Al dar a conocer el relevo, López Obrador justificó: “Por la corrupción que prevalece en los puertos y aduanas, y últimamente por la entrada de contrabando y droga en los puertos (…) se requiere del apoyo de la Secretaría de Marina”.
Pero, retomando el reportaje de MCCI, Ayala y Alamillo descubrieron los nexos entre Francisco Javier Antonio Martínez, directivo de la Asipona Tampico, con los accionistas de Intanza, Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado. Los tres serían socios en una empresa neoleonesa dedicada a fabricar e importar productos electrónicos.
La investigación agrega que Antonio Martínez pasó de ser dueño de una modesta taquería en Chimalhuacán, Estado de México, a poseer una colección de autos clásicos, algunos de los cuales adquirió de contado, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales.
Desde marzo del 2024, Antonio Martínez se desempeña como director de Administración y Finanzas de la Asipona Tampico. Anteriormente fue administrador de la Aduana de Matamoros y administrador de Proyectos Aduaneros del SAT.
Hasta ahora, la única medida que han tomado las autoridades federales relacionada con el decomiso del Challenge Procyon, buque tanque de bandera singapurense, ha sido suspender a Intanza del padrón de importadores, pues tanto Antonio Martínez, como su jefe, el almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez, siguen firmes en sus cargos.
La autodenominada Cuarta Transformación se enreda en sus propios dichos. No se acabó el contrabando y, en cambio, aparecieron muchas oportunidades para hacer negocios privados desde puestos públicos, que ahora podrían ser más, al amparo de la opacidad que se extiende sobre el país.
