![]() | Bitácora del directorPascal Beltrán del Río |
| 17 Feb 2025 - 09:26hrs
La que acaba de pasar fue una semana terrible para la niñez mexicana, pues la mostró totalmente vulnerable ante la delincuencia y sin que su país tenga un plan para ofrecerle seguridad y oportunidades. Uno de los casos que ilustra eso se lo relaté aquí el jueves: Pablo Ríos Buenrostro, un joven michoacano de 15 años de edad, quien tuvo que dejar la escuela al terminar la primaria para contribuir al ingreso familiar, murió despedazado al estallarle una mina antipersona, el sábado 8, cuando trabajaba en una parcela de limón, colocada seguramente por criminales que se disputan el control de la región y el derecho a extorsionar a los productores de ese cítrico.
Después de esos hechos, el fiscal y el secretario de Seguridad de Michoacán, sin aportar evidencia alguna, dijeron que una “línea de investigación” indicaba que Pablo y otra persona que murió por el estallido del artefacto eran parte de la delincuencia y que eso les sucedió cuando la mina era manipulada.
Pero vinieron más crímenes contra los niños, igual o peor de espantosos: en redes sociales comenzó a circular un video en el que otro joven quinceañero, César Mendoza Duarte, estudiante de una secundaria técnica de Iguala, Guerrero, aparecía sometido y era interrogado por hombres anónimos para que confesara quién le había ordenado colocar cartulinas en las que se amenazaba a los participantes de la próxima Feria de la Bandera, que deja mucho dinero a los delincuentes que la controlan.
El martes 11, el cuerpo de César apareció sobre un camino de terracería de El Tomatal, al suroriente de la cabecera municipal. Al menor le habían cortado las manos y le habían disparado por la espalda. Ese mismo día, en otro rumbo del mismo estado, dos niños, de 12 y 14 años, desaparecieron en la zona rural del municipio de Chilapa. Originarios de la comunidad indígena de Xochitempa, iban a Ahuixtla a recoger unas despensas. El miércoles, sus cuerpos fueron encontrados en esa ruta con huellas de tortura y disparos de armas de alto poder.
El doble asesinato llevó a la instalación de un bloqueo, por parte de ciudadanos e integrantes de la llamada Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores, sobre la carretera de Chilapa a Hueycantenango, en exigencia de que las autoridades estatales detengan a los responsables.
Guerrero aún está estremecido por el asesinato, el otoño pasado, de una familia de comerciantes que había viajado a la comunidad de El Epazote, en el mismo municipio de Chilapa, grupo en el que había varios menores de edad. El 6 de noviembre, los cuerpos desmembrados de 11 de las víctimas aparecieron en una camioneta abandonada en uno de los puntos más visibles de Chilpancingo, pero aún no se sabe qué pasó con otras seis personas ni parece que la autoridad los esté buscando. El jueves, una familia fue asesinada por desconocidos en Tabasco. Los cuerpos de una pareja y su hijo menor de edad fueron encontrados tendidos sobre la cama de una habitación, en el fraccionamiento Valle Real, de Pomoca, municipio de Nacajuca, en los suburbios de la capital del estado. Los tres cuerpos tenían el tiro de gracia.
De acuerdo con la Red de Derechos de la Infancia en México (Redim), el año pasado se registraron 2 mil 243 homicidios de menores de edad, un aumento de 6.5% respecto del año anterior. Por usar la terminología que le gusta a este gobierno para hablar de la criminalidad, ¿cuáles serán las “causas” que expliquen la tortura y asesinato de niños y adolescentes de México?
¿Acaso se puede decir que la pobreza lleva a alguien a cortarle las manos a un menor de edad y matarlo, sobre todo cuando quienes cometen actos así están hinchados de dinero obtenido ilegalmente y, con frecuencia, en connivencia con autoridades corruptas? ¿Hay allí “causas” atendibles o es mera maldad y codicia? ¿No será, simple y trágicamente, que la infancia es la más vulnerable ante el evidente deterioro del Estado de derecho y de las condiciones para vivir en paz y aspirar a una vida en plenitud?
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Sólo faltan 15 días para el 4 de marzo, cuando el presidente Donald Trump decidirá, por sí y ante sí, si los aranceles para México se activan, se cancelan o se posponen nuevamente.