Plan C, con ce de colonizar la Corte

| 05 Dic 2023 - 09:30hrs

Hoy se echará a andar en el Senado la discusión y votación de la segunda terna enviada por el Ejecutivo para ocupar el asiento que quedó vacío en la Suprema Corte por la renuncia del ministro Arturo Zaldívar, hoy flamante miembro del comité de precampaña de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum.

Como resultado de dicho proceso, el oficialismo volverá a tener tres votos cuasi automáticos a su favor en el máximo tribunal, apenas uno menos de los que requiere para asegurarse de que no prosperen los recursos que objeten la constitucionalidad de las modificaciones legales que requieren de mayoría simple (no calificada) en el Congreso.

De ser rechazada la segunda terna por los senadores, como lo fue la primera, el Presidente podrá designar por sí mismo —por primera vez desde que existe este modelo de integración— a la nueva integrante de la Corte.

Si bien sigue habiendo ocho ministros con independencia de criterio, ése es el número mínimo de votos requerido para avalar una acción de inconstitucionalidad. Una ley secundaria que contravenga la Carta Magna podría pervivir con que faltara uno solo de esos votos.

Si el oficialismo no se salió con la suya —legislativamente hablando— en el actual proceso electoral, es porque hubo ocho ministros que confirmaron la inconstitucionalidad del llamado plan B, es decir, las reformas a leyes secundarias que aprobaron Morena y sus aliados, a iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, para maniatar al INE.

Hoy hay que recordarlo, a riesgo de que se nos olvide ese intento de torpedear la democracia. Pero no sólo por eso, sino también porque está en marcha un plan de revancha contra la Suprema Corte —denominado plan C por el presidente López Obrador—, que consiste en buscar la mayoría calificada en las dos Cámaras del Congreso y, mediante ella, modificar la Constitución para escabechar políticamente a los actuales ministros y sustituirlos por otros que sean elegidos mediante el voto popular y/o crear un tribunal extra que los vigile.

En realidad, dicho plan se antoja complejo de concretar porque se requiere de una votación arrolladora para alcanzar las dos terceras partes de los escaños en la Cámara de Diputados y más aún en el Senado.

Lo que parece más factible es una colonización paulatina de la Suprema Corte mediante la llegada de ministros que no tengan pudor en reconocerse como simpatizantes de la autodenominada Cuarta Transformación, como sucedió con las integrantes de la primera terna y seguramente se repetirá con la segunda, pues el Presidente, al enviarla al Senado, sólo sustituyó uno de los nombres originalmente propuestos.

El hecho de que una potencial ministra se defina a sí misma como simpatizante del Presidente debiera ser un escándalo, pues la naturaleza del Poder Judicial es servir de contrapeso a los otros dos. También debiera considerarse inadmisible que el Ejecutivo diga que fue un error haber propuesto como actuales integrantes de la Corte a personas que han mostrado su independencia y, más aún, que un ministro renuncie a su asiento, sin argumentar cuál es la causa grave que motivó su decisión y luego pase a formar parte del equipo de la candidata presidencial del partido del gobierno.

Ese cuarto voto en la Corte que requiere el oficialismo para hacer casi lo que se le antoje con el marco legal podría llegar en cualquier momento: la renuncia o desaparición física de un ministro o el agotamiento de su término darán oportunidad al Ejecutivo —el actual o quien lo suceda— para designar, mediante ternas a modo, puesto que ya se ha perdido la vergüenza, a quien tenga disposición de cumplir ciegamente los mandatos de Palacio Nacional.

Hasta hoy, ha habido suficientes ministros, magistrados y jueces con las agallas para no dejarse presionar, como acaba de suceder en el episodio Nuevo León. Pero sin una ciudadanía que levante la voz en la defensa de una auténtica división de Poderes —lo único que nos separa de la autocracia— ese hecho afortunado podría verse comprometido.