Desaparecidos

| 14 Nov 2023 - 09:17hrs

Una conseja popular dice que hay que encender la luz de la cocina para sacar las alimañas de su escondite y así poder acabar con ellas. La idea es que no se puede resolver lo que no se conoce y reconoce.

En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se sigue otra lógica: mantener la pieza a oscuras para que el problema no se vea. Como si no existiera aquello que no se puede ver.

Así se operó durante la pandemia. Se prefirió negar la gravedad del problema que transparentar la información y buscar una mejor estrategia. Con los datos del exceso de mortalidad –45% en 2020, 50% en 2021 y 10% en 2022, respecto de 2019, de acuerdo con el Inegi–, hoy sabemos que México fue uno de los países que peor desempeño tuvo.

Ahora se quiere negar que nuestro país tenga una crisis de desapariciones. No es una situación que haya comenzado en este sexenio, desde luego, pero, igual que con los homicidios dolosos –otro asunto cuya dimensión no reconoce el gobierno–, se ha agravado respecto de periodos anteriores.

En agosto pasado, Karla Quintana renunció como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, organismo encargado de integrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Al día de ayer, éste contabilizaba un total de 113 mil 200 casos, algunos de los cuales se remontan a la década de los años 60. De ellos, 46 mil 977 corresponden al sexenio actual.

En días recientes, Quintana declaró que la razón de su renuncia fue que el gobierno federal “busca reducir el número de personas desaparecidas” mediante la realización de un censo. En su conferencia del 9 junio pasado, el Presidente había informado que éste se realizaría “para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente”.

Ayer, en la mañanera, realizada en Ciudad Obregón, el mandatario se lanzó contra Quintana. La acusó de ser parte de una organización “de derecha” y de presuntamente haber manipulado las cifras de desapariciones. “Estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar que el Registro no estaba bien manejado, y que no era nada más ineficiencia, sino que había una intención de afectar al gobierno que represento”, agregó. Y luego él mismo se preguntó cómo llegó ella a su gobierno. “Quién sabe, pero todo eso lo vamos a aclarar”, se respondió a sí mismo.

López Obrador también arremetió contra el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien calificó como “coordinador de todo ese grupo, seudodefensor de derechos humanos” y contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya organización matriz, la OEA es, según él, “muy cercana al Departamento de Estado de Estados Unidos”.

No aclaró qué tiene que ver en esto el gobierno estadunidense, aunque quizá tendrá ocasión de aclararlo ahora que asista a la Cumbre de la APEC, en San Francisco, donde se encontrará con su homólogo Joe Biden, así como con Antony Blinken, su secretario de Estado.

“Estamos haciendo la investigación, porque vamos a informar sobre la realidad”, insistió el mandatario. El resultado, informó, se dará a conocer en un mes. Luego, negó que hubiera 126 mil desaparecidos en México –ignoro de dónde sacó esa cifra, pues, como digo arriba, la más reciente es de 113 mil–, y puso como prueba de ello que él no es Felipe Calderón. “Nosotros no reprimimos, no se ordena la desaparición de nadie”, añadió, como si alguien estuviera acusando a su gobierno.

No sé qué espera encontrar el Presidente con esa investigación. Es grave su denuncia de que las cifras de desaparecidos pudieron haber sido manipuladas –lo cual tendrá que demostrarse–, pero también lo es hacer una denuncia así, sin bases. Lo correcto sería que dicho censo lo condujera alguna organización independiente, pero si acaso se concluyera de forma irrefutable que no son 113 mil los desaparecidos, sino la mitad, ¿dejaría de ser grave?

Lo que quieren los parientes de los desaparecidos es saber qué fue de sus seres queridos. Lo importante no es cuántos son, sino que se revele su paradero y, claro, prevenir que sigan sucediendo más casos.