T-MEC: decir y hacer

En las consultas con Estados Unidos y Canadá –y, si no hay acuerdo, ante un panel de controversias–, México tratará de refutar la acusación de sus socios de que su política energética es violatoria del T-MEC. De acuerdo con Washington y Ottawa, dicha política es inconsistente con lo que México firmó en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, realizada entre agosto de 2017 y agosto de 2018 y que dio origen al nuevo acuerdo.

El miércoles, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que después de ganar las elecciones de 2018, “estábamos revisando lo del tratado (que) ya habían negociado los del gobierno anterior (y había) un capítulo completo en donde se comprometía México con una política que nosotros consideramos violatoria de nuestra soberanía en materia energética, y, como estábamos de observadores (…) dije que eso no lo aceptábamos y que no iba a ser aprobado en el Senado si se sostenía ese capítulo”.

Narró que lo buscó el presidente Enrique Peña Nieto, preocupado por las resistencias al mencionado capítulo, advirtiéndole que éstas podrían ser motivo de que se rompieran las negociaciones y provocar una devaluación y una crisis.

“Le dije: ‘Pues no, Presidente, no podemos nosotros hacer eso’”, contó López Obrador sobre su conversación con Peña Nieto. “‘¿Cómo vamos a comprometer nuestra soberanía?’”.

De acuerdo con su versión, el entonces presidente estadunidense Donald Trump indagó sobre las causas del atorón en las negociaciones, originado por la reticencia del lopezobradorismo a la redacción del capítulo petrolero, y accedió a los cambios.

Sin embargo, Jesús Seade, el observador designado por López Obrador, consideró que los cambios y adiciones habían sido de forma, no de fondo. “Una ingeniería distinta en el diseño de los textos”, le llamó.

“Nunca estuvo en duda el fondo del asunto, era una cuestión de presentación y de redacción, que hicimos mucho mejor y ya tenemos algo satisfactorio”, declaró el 25 de agosto de 2018.

El capítulo 8 del T-MEC es una declaración de tres obviedades, en 146 palabras: que los países firmantes pueden “regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas Constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos”, y que México “se reserva su derecho de reformar su Constitución y su legislación interna” y que tiene “el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos (…) de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Sin embargo, en ese mismo capítulo quedó estipulado que EU y Canadá aceptaban dichas cláusulas “sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado”.  

En la conferencia de prensa para anunciar los acuerdos en la negociación, realizada en Washington el 27 de agosto de 2018, Seade –quien López Obrador ahora quiere que atienda la controversia presentada por estadunidenses y canadienses– afirmó que el entonces presidente electo no iba a echar atrás la reforma energética ni a reformar la Constitución.

“Él respeta el marco legal como lo tenemos y eso incluye, por supuesto, los contratos como los tenemos”, afirmó ese día Seade, quien luego fue subsecretario para América del Norte durante los primeros dos años del gobierno de López Obrador y ahora es embajador de México en China. Como sabemos, eso no se cumplió: hubo cambios legales, revisión de contratos y un intento de reformar la Constitución en materia eléctrica que no prosperó.

En suma, el lopezobradorismo logró que se introdujera una serie de obviedades en el texto del tratado, pero no objetó el fondo de lo negociado, y, luego, ya en el gobierno, puso en práctica aquello que su visor en Washington aseguró que no sucedería. La defensa de sus acciones luce muy cuesta arriba. El problema es que, si falla, nos costará caro a todos.

BUSCAPIÉS

*Un grupo de senadores de Morena se reunió el miércoles con Claudia Sheinbaum en el hotel Sevilla Palace para manifestarle apoyo en sus aspiraciones presidenciales. Lo malo para la jefa de Gobierno es que no tuvo gran poder de convocatoria: de los 60 legisladores guindas, sólo decidieron invitar a 35 y, al final, llegaron únicamente 21.