Sin tapujos

Si algo necesita México para enfrentar sus graves problemas es más respeto a la legalidad, no menos.

¿Cómo puede pretender la autoridad que el ciudadano cumpla con la norma, si ella es la primera en violarla?

Lo que sucedió el fin de semana con el secretario de Gobernación –pero también con muchos otros servidores públicos surgidos de Morena– es grave. Parece que éstos ya decidieron que van a promover la consulta de revocación de mandato, a pesar de que lo prohíbe específicamente la ley que el propio oficialismo promulgó, y luego de que el Tribunal Electoral dejó claro que el decreto interpretativo que aprobó el Congreso para sacarle la vuelta a la misma legislación no es válido.

El propio Adán Augusto López Hernández, quien debiera ser el guardián de la Constitución, incluso se jactó de estar dispuesto a perder su cargo con tal de hacer lo que la ley prohíbe.

Pero allí no se detuvo la cosa: López Hernández viajó a Torreón y Hermosillo en un avión de la Guardia Nacional, y participó en un acto público –denominado eufemísticamente “asamblea informativa”– donde estuvieron el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio.

O sea, todo mal.

Hay quienes opinan que las Fuerzas Armadas están corriendo un gran riesgo para su prestigio al aceptar toda clase de responsabilidades que no tienen que ver con su función principal, de ser garantes de la seguridad nacional. Por supuesto, ellas reciben órdenes de su comandante supremo, pero que Rodríguez Bucio haya aceptado estar en un acto de corte partidista, es algo que no había sucedido en el ámbito castrense desde que el régimen surgido de la Revolución Mexicana transitó al civilismo en 1946.

Ayer, López Obrador defendió al secretario de Gobernación, diciendo que su presencia en Coahuila y Sonora fue para cumplir tareas de seguridad. Aunque López Hernández no dudó en hablar de la revocación e incluso arengó que el Presidente “no está solo”,  una consigna que aparece en la publicidad de la consulta que difunden los seguidores de Morena.

Llama poderosamente la atención que el gobierno esté haciendo una apuesta tan fuerte para conseguir que mucha gente vote el próximo domingo en el revocatorio –que ha sido transfigurado en ratificatorio–, al punto de practicar una violación multitudinaria de la ley.

Yo no creo que se trate únicamente de un ejercicio autocelebratorio del Presidente, sino un intento de justificar una transformación –ésa sí– del sistema electoral del país.

López Obrador ya anunció que una vez que pase la consulta, propondrá al Congreso una reforma que incluirá un cambio de árbitro electoral, cuyos integrantes –si prospera su iniciativa– serán electos por la ciudadanía.

Detrás de esa idea supuestamente democrática, se esconde la intención de crear una institución a la medida del oficialismo, que impida que éste pueda exponerse a una alternancia en 2024. ¿Por qué otra razón tendría miedo a un sistema que le permitió ganar las elecciones de 2018?

Incluso, en caso de que la iniciativa no consiguiera la mayoría calificada en el Legislativo, se pretendería que el golpeteo contra el INE deje a éste tan debilitado que carezca de credibilidad para conducir la próxima elección federal.

De otra manera no se comprende que el secretario de Gobernación se haya animado a decir “esas que se dicen autoridades electorales, ya se van”.

Ayer, cuando le preguntaron al Presidente en la conferencia mañanera sobre estas violaciones flagrantes a la ley, dijo que la legalidad o ilegalidad de las acciones de su subalterno tendría que determinarla una autoridad. Si embargo, ¿cuál, si cualquiera que se asoma para discrepar del Ejecutivo recibe de inmediato un ramalazo en la cabeza?