En una región boscosa de Michoacán, a medio camino entre Ciudad Hidalgo y Tafetán, se encuentra San Antonio Villalongín. El pueblo, de 2 mil 500 habitantes, no llamaría mayormente la atención, si no fuera el lugar de nacimiento de los hermanos Correa Velázquez, quienes encabezan uno de los grupos delictivos más recientes en el estado.
Los Correa comenzaron a llamar la atención de las autoridades hace un año, cuando la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad elaboró una ficha sobre sus actividades, ubicándolos en 14 municipios del oriente michoacano, entre los que destacan Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro.
De acuerdo con el documento, Los Correa –liderados por Daniel Correa Velázquez, alias El Tigre– formarían una triple alianza con Medardo Hernández Vera, El Mantecas, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, ambos de La Familia Michoacana.
Entre los tres tendrían control de las zonas limítrofes de los estados de Michoacán, Estado de México y Guerrero. El Tigre opera en el primer estado, El Mantecas en el segundo y El Fresa en el tercero. Sin embargo, dicho dominio ha comenzado a ser disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha protagonizado varios hechos de violencia en la zona y que busca ir “exterminando” a los hombres de El Tigre.
El brutal ataque ocurrido el domingo contra un palenque clandestino en el poblado de las Tinajas, en Zinapécuaro, es un capítulo más de esa guerra.
De acuerdo con el expediente, los hermanos Correa son, además de Daniel, los siguientes: Dimas, Héctor, Jaime, José Rubén y Ramiro. Están señalados de dedicarse a la producción y venta de droga, extorsión y secuestro, entre otros delitos.
En mayo del año pasado, en Michoacán, el Cártel Jalisco irrumpió en San Antonio Villalongín. “Aquí en San Antonio, tu casa, aquí mismo estamos y pronto vuelve a esperar otro golpe”, advirtieron a El Tigre en un mensaje. Varios presuntos sicarios de Los Correa fueron asesinados y quemados.
El CJNG también mandó amenazas al alcalde de Ciudad Hidalgo, José Luis Téllez Marín, quien entonces buscaba la reelección y finalmente la obtuvo. “Usted dice que no hay grupos delictivos en su población. Aquí están las pruebas, ¿quiere más?”.
Luego, en noviembre pasado, el Cártel Jalisco volvió a atacar, con una masacre de siete personas, cuyos cuerpos embolsados fueron abandonados en un taxi, en pleno centro de la cabecera de ese municipio. “Ya llegamos a Ciudad Hidalgo”, anunciaron en un narcomensaje. “Vamos por ti, Daniel Correa y toda tu bola de lacras”.
La masacre en Zinapécuaro, que dejó al menos a 20 personas asesinadas, es el peor hecho de violencia que ha vivido Michoacán desde que 13 policías estatales fueron asesinados en El Aguaje, municipio de Aguililla, en octubre de 2019.
También es parte del recrudecimiento de la guerra entre organizaciones delictivas que asuela al oriente de Michoacán. Ésta representa un segundo frente en la entidad, distinto del que pelean el CJNG y los llamados Cárteles Unidos en la Tierra Caliente.
Entre otros hechos violentos ocurridos recientemente en la región se cuenta el homicidio del alcalde de Contepec, Enrique Velázquez Orozco. En noviembre del año pasado, ocurrió otro ataque contra un palenque clandestino en Zitácuaro, que dejó cuatro personas muertas y cuatro lesionadas.
El ataque en Zinapécuaro, en el que se atravesaron vehículos para facilitar la huida de los sicarios y que dispararon más de 100 tiros, sólo mereció 50 palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de ayer.
“Sí, que fue una masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban, y llegaron y ahí balacearon a los asistentes, y hubo desgraciadamente muchos muertos. Hay bandas que están ahí operando, pero ya salió un equipo para allá para la investigación y para atender el tema”.
Apenas en julio pasado, el mandatario había afirmado que “ya no” había masacres en el país. Para mayor mala pata, la de Zinapécuaro sucedió cuando el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, acababa de pedir vacaciones para irse a su natal Coahuila a promover la consulta de revocación de mandato.
