Equilibrios o poder absoluto

Ésta parece ser una semana clave para conocer si la vida pública del país se rige por el balance entre poderes o si las instituciones han quedado totalmente subyugadas a la voluntad del Ejecutivo.

Mañana martes, la Suprema Corte de Justicia votará un proyecto de ley elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf –una de los cuatro integrantes del máximo tribunal propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador– para declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Si un número de al menos ocho ministros rechaza el proyecto, se podrá decir que el equilibrio de poderes goza de cabal salud. Pero si cuatro o más lo avalan –aunque los demás no–, habrá razones para preocuparse.

La LIE ha sido señalada por jueces especializados de ser una legislación que atenta contra la Constitución, fallos que han sido condenados e impugnados por el gobierno federal. La ponencia que se discutirá y votará mañana, dilucidará de una vez por todas si esa visión se sostiene o se desecha.

Al tratarse de la dilucidación sobre la constitucionalidad de una ley, se requiere que cuando menos ocho ministros se pronuncien en contra para que la legislación sea refutada. Es decir, aunque haya siete votos en sentido contrario del proyecto, la LIE podría pervivir, por usar una expresión que puso en boga la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

En ese caso, se volvería innecesaria la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica que está a discusión en la Cámara de Diputados, pues el gobierno habría obtenido lo que quiere: un marco legal que dé preferencia a la Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía.

Un escenario así no podría tener otra lectura que el derrumbe del balance entre poderes que comenzó a construirse desde finales de los años 90 y que era imprescindible para que el país gozara de credibilidad a nivel internacional entre los agentes económicos y México pueda convertirse en destino de inversiones. A ello habría que sumar la ofensiva del Ejecutivo contra las instituciones autónomas –en la que ha sido patente su desprecio por la legalidad–, como lo ocurrido durante el pasado fin de semana, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hizo caso omiso del fallo que emitió el Tribunal Electoral en el sentido de que los servidores públicos no deben promover la consulta de revocación de mandato.

Ojalá no suceda, pero podría ser que el único freno al poder absoluto en México venga de instancias internacionales, como los paneles comerciales que podrían activarse para proteger los intereses de empresas estadunidenses y canadienses en el marco del T-MEC.

Buscapiés

* Este año se cumplirán dos décadas de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, tratado multilateral que definió las violaciones más graves y trascendentes para el orden internacional, como el genocidio y los crímenes de guerra. El aniversario quedará marcado por la invasión rusa a Ucrania y el reciente descubrimiento de los horrores cometidos en Bucha, donde el ejército extranjero abandonó, en su retiro, los cuerpos de más de 400 personas torturadas y ejecutadas de forma sumaria.