Simirreforma

| 16 Nov 2022 - 09:23hrs

Las movilizaciones ciudadanas del pasado domingo lograron comprometer a las fuerzas políticas de oposición a no aprobar la contrarreforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca dejar al INE irreconocible y sometido a su voluntad.

Como la iniciativa del Ejecutivo es de corte constitucional, la participación de los opositores en el proceso legislativo resulta fundamental, pues el oficialismo no tiene mayoría calificada en ninguna de las dos Cámaras. Eso, en circunstancias normales.

Ayer, López Obrador reconoció que no le alcanzarán los votos a Morena y sus aliados para sacar adelante la propuesta. Sin embargo, advirtió que no por ello va a desistir. Adelantó que el próximo 1 de diciembre, cuando celebre en el Zócalo el cuarto aniversario de su toma de posesión, dará a conocer un “Plan B” para que los cambios que busca puedan ser aprobados mediante mayoría simple.

Dijo que “lo ideal sería la reforma constitucional, pero, como son intereses de los oligarcas que no quieren la democracia”, lanzará una alternativa que, “sin violar la Constitución”, proponga “alguna reforma a la ley electoral (para) que se elija a los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral; (y) que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 (diputados) sean 300”.

No se requiere ser experto en derecho constitucional para saber que, en el marco jurídico mexicano, una ley no puede estar por encima de la Carta Magna, pero en el mundo del presidente López Obrador eso sí es posible, porque ahí aplica el principio de “me canso, ganso”.

El artículo 41 de la Constitución dice que el Instituto Nacional Electoral, autoridad en la materia, tiene un órgano superior de dirección llamado Consejo General y que éste se integra por un por consejero presidente y diez consejeros electorales.

Más adelante agrega que quienes ocupen esos cargos provendrán de listas elaboradas por un comité técnico y serán votados por la Cámara de Diputados.

El artículo 52 establece que dicha Cámara estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 más, electos según el principio de representación proporcional.

En condiciones normales, la contrarreforma electoral de López Obrador requeriría de una modificación a la Constitución para salir adelante, pues propone que los consejeros del INE —que cambiaría de nombre— sean electos por la ciudadanía, mediante listas elaboradas por los tres Poderes de la Unión.

Además, busca reducir el número de diputados de 500 a 300, pero no por la vía de la eliminación de los plurinominales, como repite a menudo el Presidente —quien, evidentemente, no ha leído su propia iniciativa—, sino mediante listas estatales en las que la representación proporcional sería el sistema para integrar la Cámara baja.

Pese a que ese obstáculo parece irremontable, hay dos antecedentes recientes que sugieren que López Obrador no se quedará cruzado de brazos y promoverá los cambios que quiere, a pesar de su evidente contradicción con la Carta Magna.

El primero es la Ley de la Industria Eléctrica, en la que se eliminó la libre competencia en el sector, garantizada por la Constitución. El Presidente no pudo modificar la Carta Magna pero, a cambio, logró que cuatro de los once ministros de la Suprema Corte no declararan inconstitucional su ley, el mínimo necesario. Es decir, perdió siete a cuatro, pero ganó.

El otro caso es la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, nuevamente una contradicción respecto de lo que dice la Carta Magna, que establece que ese cuerpo de seguridad es civil y debe estar encuadrado en la Secretaría de Seguridad. Sobre ese punto, la Corte no se ha pronunciado.

¿Pretenderá López Obrador hacer lo mismo con el sistema electoral, es decir, que sus legisladores afines aprueben los cambios que quiere, por mayoría simple, y presionar a la Suprema Corte y el Tribunal Electoral para que se los avalen?

Si así sucede, el Presidente habrá obtenido su contrarreforma sin necesidad de cosechar votos opositores. Es decir, lo mismo, pero más barato.