Subyugar al INE

| 09 Nov 2022 - 09:07hrs

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que su propuesta de reforma electoral no busca terminar con el Instituto Nacional Electoral.

En una de esas, si la reforma se aprueba, el INE sólo cambiará de nombre para agregarle la palabra “Consultas”. Pero no sería más que una manera de cuidar las apariencias, pues, en los hechos, dicha institución, igual que el Tribunal Electoral, quedaría sometida a su poder, ya que sus miembros serían elegidos por la ciudadanía —habría que ver quién organiza esa votación— a partir de listas integradas por los tres Poderes de la Unión.

Si esto sale adelante en el Congreso, una tercera parte de los nombres que será sometida a votación será propuesta por él; otra tercera parte por el Legislativo, cuya mayoría la tienen Morena y sus aliados, y un tercio más, por la Suprema Corte, cuyos ministros han sido, en muchos casos, obsequiosos con Palacio Nacional.

Aunque se quiera presentar la elección de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un avance, se trata, en realidad, de todo lo contrario. Lo es en el sentido de que acabaría con los equilibrios en los órganos electorales (por las razones arriba expuestas) y probablemente también con la especialización de sus integrantes, pues por delante de ésta se pondría la popularidad.

Pero no sólo por eso, sino porque México renunció hace más de un siglo a elegir a los miembros del Poder Judicial, del que son parte los magistrados del TEPJF.

La Constitución de 1857 establecía que los ministros de la Suprema Corte fueran elegidos. Para ello, bastaba ser mayor de 35 años de edad y “estar instruido en la ciencia del derecho, a juicio de los electores” (sic, artículo 93).

La Constitución de 1917 acabó con ese procedimiento y dispuso, primero, que los ministros de la Corte fueran “electos por el Congreso de la Unión, en funciones de Colegio Electoral”, a propuesta de las Legislaturas de los estados; luego, a partir de una reforma realizada en 1928, nombrados por el Presidente de la República y sometidos a la aprobación del Senado, hasta llegar a la actual modalidad de designación, consistente en la presentación de ternas a los senadores.

Es decir, la elección de magistrados del TEPJF nos regresaría en el tiempo más de cien años. Lo que los constituyentes de 1917 desecharon en el caso de los ministros de la Suprema Corte, ahora el presidente López Obrador quiere instituirlo de nuevo para integrar el Tribunal Electoral, a la vez que busca desbaratar los acuerdos políticos que dieron origen al INE, los que él alababa a finales de los 90, cuando era presidente del PRD.

Su reforma, de prosperar, significaría meter al país en el túnel del tiempo y subyugar a los órganos electorales.

BUSCAPIÉS

*Hoy se cumplen dos meses de que la Guardia Nacional quedara bajo el control administrativo de la Sedena, luego de que así lo autorizara el Congreso de la Unión. Desde el verano pasado, el Presidente anunció que se daría el traslado. “Ya quiero que se haga ese cambio”, afirmó en la mañanera del 8 de agosto, supuestamente para “rendir buenas cuentas” en seguridad. Pues resulta que en los 60 días previos a que se publicara la modificación legal en el Diario Oficial —el 9 de septiembre pasado—, el país acumuló 4 mil 333 homicidios dolosos; mientras que, en los 60 días posteriores, 4 mil 772, un aumento de más de 10 por ciento. Y ahora ¿cuál será el pretexto? Quién sabe, porque incluso en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, los diputados de Morena y sus aliados ya alistan la entrega a la Sedena los casi 44 mil 500 millones correspondientes a la Guardia Nacional que hasta este año formaron parte de la partida de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con ello, la Secretaría de la Defensa Nacional administrará 70 por ciento de los recursos asignados a la seguridad pública. ¿Y las “buenas cuentas”? Esas no aparecen por ningún lado.