Supremacía congresional

| 04 Nov 2024 - 10:01hrs

Desde que se inició la ofensiva del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para someter al Poder Judicial –a raíz de que no consiguió ampliar el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte ni que éste fuera sucedido por alguien de sus confianzas–, se ha supuesto que el Poder que saldría como ganador de esa lucha sería el Ejecutivo.

Eso fue así hasta el 30 de septiembre, cuando terminó el periodo de López Obrador. Sin embargo, en lo que va del nuevo sexenio, ha quedado claro que el factótum de la política nacional es ahora el Congreso de la Unión –en manos de una supermayoría oficialista–, que no sólo aprobó a toda velocidad las iniciativas de reformas constitucionales que envió el tabasqueño, sino las complementó con otra, pergeñada por los líderes parlamentarios de Morena, para intentar anular cualquier intento del desfalleciente Poder Judicial para detener cualquier reforma a la Carta Magna, comenzado con las que ha producido la actual Legislatura.

Mi compañero de páginas José Elías Romero Apis ha sostenido que la reforma judicial y su complemento, la reforma de “supremacía constitucional”, no sólo significan una amenaza para los derechos de los ciudadanos de a pie –porque les impediría defender esos derechos–, sino para el propio Ejecutivo, porque también estaría imposibilitado de frenar cualquier arbitrariedad que el Congreso quisiera emprender. Por ejemplo, vía la controversia constitucional, que, al menos en el papel, ya ha quedado anulada para detener cualquier reforma a la Carta Magna –igual que el amparo y la acción de inconstitucionalidad–, así dé marcha atrás a garantías o atropelle la división de Poderes.

Coincido con Romero Apis, y creo que la última oportunidad para salir de la crisis constitucional en la que el oficialismo ha metido al país es el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, que comenzará a discutirse mañana en la Suprema Corte.

La semana pasada comenté aquí que estaba yo optimista –aunque mi esperanza cuelgue de un hilo fino– por el hecho de que la Presidenta de la República dijera que había que “esperar” la votación en la Corte. Eso quiere decir, o así lo interpreto, que la mandataria podría reconocer la validez de la sentencia, cosa que no ha sucedido con más de un centenar de resoluciones que distintos jueces han dictado contra la reforma judicial.

El proyecto de González Alcántara representa una posibilidad de acuerdo –y con ello una salida de la crisis–, pues si bien anula una parte de la reforma, deja otra con vida, al aceptar que la integración de la Suprema Corte, de la Sala Superior del Tribunal Electoral y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial se decidan mediante el voto popular, no así la de los Juzgados de Distrito ni de los Tribunales de Circuito, además de que rechaza la constitucionalidad de los jueces sin rostro que crea la reforma.

Quiero pensar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha percibido también el peligro que representa la supremacía de un Congreso radicalizado. Ella tiene en sus manos la posibilidad de refrenarlo. No olvidemos que los liderazgos de la Cámara de Diputados ni los del Senado de la República ni los del partido del gobierno fueron decididos por ella. Hoy ha quedado claro el resultado de aquella cena del restaurante El Mayor, vecino de Palacio Nacional –la noche del 5 de junio de 2023–, donde López Obrador fijó las reglas para la sucesión presidencial que regirían en el seno de su movimiento.