Una luz en el túnel de la polarización

| 30 Oct 2024 - 10:14hrs

Cualquiera que haya revisado los cambios a la legislación electoral que aprobó el Congreso de la Unión para la realización de los comicios para juzgadores sabe que ésta apunta para ser un fracaso.

Como he publicado aquí, está previsto que en algunos casos –como el del Primer Circuito, correspondiente a la capital– haya boletas con decenas o centenares de nombres que los votantes tendrán que revisar y que seguramente nada les dirán.

La participación será baja, la espera de quienes se animen a acudir a las casillas será muy larga y el conteo de los votos, caótico. Pero, ni modo, así venía la iniciativa lanzada por el entonces Presidente y ya sabemos que a éste no le gustaba que le cambiaran ni una coma. Y, pues así, la aprobaron los legisladores.

Sin embargo, una luz se asoma en la oscuridad del túnel: el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propone a sus compañeros de la Suprema Corte desechar, por inconstitucionales, las elecciones de jueces de distrito y magistrados de circuito, pero mantener la parte de la reforma judicial que prevé la votación popular de los propios integrantes del máximo tribunal –sobre la que no se pronuncia, por autocontención ante la “erosión injustificada” que ha sufrido la Corte–, así como la de aquellos del Tribunal Electoral y del nuevo órgano de Disciplina Judicial. Además, se extinguirían los fideicomisos que el oficialismo ha presentado como asunto de privilegio.

Se trata de una decisión salomónica que permitiría que el grupo gobernante gane algo –finalmente, lo que le interesaba, en el fondo, era la renovación de la Suprema Corte– y que los juzgadores no tengan que tirar a la basura su carrera e inventarse una nueva vida.

Porque, quiero ser optimista, percibí ayer, en la reacción que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum a la presentación de este proyecto, un ánimo de la mandataria de encontrar una solución a la crisis constitucional que estamos viviendo. Pudo haberlo descalificado por completo, pero no lo hizo. Dijo que había que esperar la votación a la que se someterá el proyecto.

Sé que mi optimismo pende de un hilo muy fino. Pero quiero pensar que la Presidenta sabe que la elección de todos los juzgadores sería no sólo un desastre político, sino también un gasto de miles de millones de pesos de dinero público en momentos en que hay que apretar los egresos para reducir el déficit que dejó como herencia el pasado gobierno.

Mi esperanza de que se encuentre algún tipo de arreglo también tiene que ver con una obviedad: rechazar una sentencia de la Suprema Corte, avalada por ocho ministros, sumiría al país en una crisis constitucional mucho más profunda a la que ya tenemos frente a nosotros, por el desacato del Ejecutivo y Legislativo a decenas de suspensiones dictadas por jueces.

Decidir que no se cumplirá una sentencia bastante sensata, como la que se desprendería del proyecto del ministro González Alcántara, sería una noticia internacional. Mostraría a México como un país que ha renunciado a vivir en un Estado de derecho, pues incluso la reforma judicial lopezobradorista dejó viva y actuante a la actual Suprema Corte durante un año. Es decir, con todo y la reforma judicial, ese tribunal sigue siendo el intérprete final de la Constitución. No ha sido cerrada y, por lo menos de aquí a septiembre del próximo año, no puede ser anulada.

Negarse a acatar la sentencia –si es que ésta es aprobada en los términos del proyecto– significaría dejar zarpar la nave del acuerdo en el que todas las partes ganan y quedarse a vivir en una isla habitada por caníbales.

Por eso creo que sucederá lo contrario. Sé que a algunos miembros del oficialismo les costará trabajo decirle que no a López Obrador, pero confío en que, al final, la sensatez volverá a sentarse entre nosotros, las razones recobrarán su importancia y las minorías tendrán nuevamente el lugar que les corresponde en democracia.

Si me equivoco, lo de menos será que fui ingenuo.