Al diablo con las suspensiones

| 24 Oct 2024 - 11:10hrs

Al margen de cómo quede finalmente la más reciente modificación a la Carta Magna que impulsa el oficialismo, se ha evidenciado la intención de fondo respecto de la manera en que quiere gobernar el país: sin contrapeso alguno.

Frustrado, porque no ha conseguido doblegar los cuestionamientos a su reforma judicial, el grupo gobernante busca ahora resolver el problema a lo Terminator: eliminando el problema de raíz.

En la película de James Cameron, las máquinas deciden deshacerse de un foco de resistencia humana mandando a un ciberorganismo al pasado para asesinar a la madre del líder del grupo, bajo la lógica –de ciencia ficción– de que, si la madre no existe, ésta no puede dar a luz.

En este otro caso –muy real–, el oficialismo no ha conseguido que los juzgadores dejen de emitir resoluciones en defensa de los derechos de quienes se ven afectados por la reforma judicial, y por eso pergeñó una nueva modificación, impermeable al principio de no retroactividad, para hacer que los cambios constitucionales sean inimpugnables. En síntesis, decidió mandar al diablo las suspensiones.

Pero como la prisa es mala consejera, la propuesta presentada el martes por el líder senatorial morenista Adán Augusto López Hernández debió sufrir modificaciones sobre la marcha. Aun así, quedó cargada con suficiente veneno para representar una amenaza a las garantías constitucionales, pues, si prosperan los cambios que se impulsan a los artículos 107 y 115, no habrá defensa contra la vulneración de derechos por parte del Legislativo.

Para decirlo con claridad, Morena y sus aliados buscan que cualquier ocurrencia que decidan inscribir en la Carta Magna no pueda combatirse. Están demostrando que, con su mayoría, pueden hacer de la Constitución lo que quieran. Hoy es la elección de los jueces por voto popular –con todo y la lista de requisitos para convertirse en juzgador, que provoca risas en el extranjero y estupefacción en México–, pero mañana puede ser algo más, como limitar la libertad de expresión.

De persistir dichas reformas –la original y la Terminator–, el Estado mexicano podría ser señalado en instancias internacionales por abjurar de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Una cosa es desacatar las suspensiones y otros fallos judiciales y, otra, es correr el riesgo de ser percibido como paria.

Es probable que, si al oficialismo no le importó lo primero, tampoco le preocupe lo segundo, pero faltaría ver cómo lo perciben los inversionistas globales, que quizá no tengan apetito por poner su dinero en un país donde la única garantía de certeza jurídica es la palabra de su líder y no el entramado de leyes e instituciones que caracteriza a un verdadero Estado de derecho.

El riesgo creciente que están corriendo quienes viven o invierten en México es quedar bajo la tutela de un régimen autoritario.

Personalmente, rehúyo de las comparaciones con los Estados dictatoriales europeos de la primera mitad del siglo XX –pues creo que la maldad de la Italia fascista y, sobre todo, de la Alemania nazi no tiene parangón–, pero ya que esta semana se han equiparado desde el oficialismo la orden de la jueza Nancy Juárez Salas de eliminar la reforma judicial del Diario Oficial y la quema de libros por parte del régimen nacionalsocialista, me parece más acertado comparar el actual frenesí legislativo de la Cuarta Transformación con la Ley Habilitante de 1933 que permitió a Adolfo Hitler gobernar sin ataduras.

Con esta nueva iniciativa de reforma, que avanza a todo vapor, el oficialismo reconoce implícitamente que el Poder Judicial vigente tiene la capacidad y la obligación de derribar las amenazas a las garantías constitucionales, y, por eso mismo, ahora quiere clavar una daga en el corazón de la división de Poderes, para que deje de mover la pata.