Bitácora del directorPascal Beltrán del Río |
| 23 Ago 2024 - 09:08hrs
En el tema de la reforma judicial, el embajador estadunidense Ken Salazar acaba de dar una sorprendente vuelta en U.
El 14 de junio pasado, doce días después de las elecciones, declaró que Washington no emitiría opinión alguna sobre los cambios propuestos. “Es decisión de los mexicanos”, afirmó el representante diplomático en conferencia de prensa.
Esa vez, Salazar buscó matizar las declaraciones del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien la víspera se pronunció a favor de la “transparencia judicial” en México, durante una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso estadunidense.
“Nosotros estamos interesados en que, al final, (los mexicanos) tengan un Poder Judicial que trabaje bien”, agregó Salazar esa vez. “Sin un Poder Judicial fuerte no podremos avanzar en muchos temas”.
Todavía el 16 de agosto, el embajador insistió en apoyar la reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Opinó que el proceso representaba una “oportunidad de hacer cosas buenas” y que la corrupción en los juzgados mexicanos “tiene que terminar”. Y, como ejemplo de la contaminación del Poder Judicial, puso los retrasos en extradiciones que han sido solicitadas por Estados Unidos.
México necesita un Poder Judicial fortalecido e independiente, en el que no haya corrupción y exista disciplina para los jueces, opinó. Sin embargo, en menos de una semana ocurrió algo extraordinario en la manera en que Salazar entiende la reforma judicial. ¿Será que, desde Washington, le llamaron para hacerle ver los errores de apreciación en que había incurrido?
En todo caso, el cambio de mensaje es asombroso. Ayer, aseveró que la elección de los jueces –pieza central de la reforma– permitiría a “los cárteles y otros actores malignos” infiltrarse en el Poder Judicial. Incluso advirtió que se trata de un “riesgo importante” para el funcionamiento de la democracia en México.
“El debate sobre la elección directa de los jueces en 2025 y 2027 amenaza la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en México”, dijo.
Agregó: “Comprendemos la importancia de la lucha en México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, desde mi punto de vista, no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco fortalecerá al Poder Judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años.
“Un Poder Judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones. Sin embargo, la propuesta, tal como está, elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial”, concluyó.
Llamados como éste se han multiplicado en días recientes. Lo han hecho empresarios mexicanos y estadunidenses, bancos de inversión y una agencia calificadora. Ayer se agregaron las compañías transnacionales, a través del Consejo de Empresas Globales, y la embajada de Canadá. La incertidumbre se ha reflejado en el deslizamiento del tipo de cambio, que ha perdido 15 puntos desde finales de mayo.
¿Qué otras señales necesitará el gobierno federal –y, en concreto, el presidente López Obrador– para comprender los riesgos para la economía y las libertades que entraña esta reforma, que no tiene fundamento y resulta absolutamente innecesaria?
Si, por las razones que sean, incluso el propio embajador Ken Salazar y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, hombres muy cercanos a Palacio Nacional, han alzado la voz para condenar la reforma, ¿quién puede creer que esto saldrá bien y resultará benéfico para el país?