Guarida chilanga

| 16 Ago 2024 - 10:11hrs

Yo no sé si Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, es responsable de haber desviado 98.6 millones de pesos del erario a favor de un despacho contable con el pretexto de reestructurar la deuda pública del estado.

Eso tendrá que determinarlo la justicia. Para ello, el juez de control Humberto Chávez Allende giró una orden de aprehensión contra Corral, con base en una denuncia presentada por la Auditoría Superior del estado y a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Lo que Corral debiera hacer, me parece, es presentarse ante el juzgador que lo requiere para alegar, supongo, que él no es responsable de los hechos. Pero no lo ha hecho. El exmandatario estatal y senador electo por Morena ha pasado los últimos días en la Ciudad de México, donde se ha dejado ver en el entorno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

El miércoles por la noche cenaba en un restaurante de la colonia Roma cuando llegaron a detenerlo agentes de la Fiscalía Anticorrupción chihuahuense. Lo que sucedió a continuación habla de la severa disfunción en la que ha entrado la procuración de justicia –como subproducto de la Cuarta Transformación–, pues nunca había ocurrido que una fiscalía (o procuraduría) local se negara a colaborar con otra para lograr la detención de una persona requerida por un juez. ¿Qué pasará mañana cuando un fugitivo de la justicia capitalina se refugie en Chihuahua?

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Luego de que Corral usó su celular para hacer la llamada telefónica a la que tenía derecho, llegó al lugar un enjambre de agentes de la Fiscalía capitalina. También se apersonó en el lugar el encargado de despacho de esa dependencia, Ulises Lara, quien dijo que no colaboraría con la Fiscalía chihuahuense.

Ayer, al rechazar que hubiese acudido al restaurante para rescatar a Corral, Lara se justificó diciendo que la solicitud de colaboración no se había cumplido satisfactoriamente y que por ello se impidió la detención de Corral. Curioso, eso, pues ha sido una constante del movimiento que gobierna el país y la capital decir que las formalidades no son importantes, que lo que debe prevalecer es la justicia.

Curioso, también, porque hace menos de un mes la Fiscalía capitalina colaboró con la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua para la detención en la vecina colonia Condesa de un empresario acusado de haber falsificado documentos para hacerse de un contrato público. El oficio que se giró entonces se parece mucho al que ayer se decretó inválido. Tengo copia de ambos documentos.

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Curioso, asimismo, porque agentes de la Fiscalía capitalina acudieron hace un año al domicilio del fiscal de Morelos, en Cuernavaca, para llevárselo detenido a la Ciudad de México, acusándolo de haber falseado una autopsia en un caso de homicidio. Y, más aún, porque en junio del año pasado, la Fiscalía capitalina colaboró con la de Veracruz para aprehender a una jueza que había caído de la gracia del gobernador Cuitláhuac García y que se encontraba en la Ciudad de México convocada a una reunión en la Suprema Corte.

¿Es congruente para un movimiento político que dice que quiere reformar la justicia de este país para “acabar con los privilegios” que el titular de la Fiscalía capitalina acuda en persona para salvar de la detención a un senador electo y, con ello, se convierta en obstáculo para el cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez? ¿Acaso no es ése un ejemplo de esos privilegios?

Javier Corral se dice perseguido por Maru Campos, su sucesora en la gubernatura. Él tiene la oportunidad de demostrar que dice la verdad y, así, exhibir como rencoroso al gobierno de Chihuahua.

Eso, por cierto, fue lo que hizo Rosario Robles con el gobierno federal. Pero Corral no quiere. Prefiere esperar a que lo cubra el fuero, resguardándose en la capital, que, en los hechos, se ha convertido en una guarida. Una cosa nunca vista en la historia reciente.