El error de septiembre

| 21 Ago 2024 - 09:06hrs

Cuando México parecía haber dejado atrás las crisis de final de sexenio, la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tramo final de su gobierno amenaza con provocar una sacudida económica que perjudicaría el arranque de la administración de su sucesora, Claudia Sheinbaum, que se inicia en menos de seis semanas.

Están por cumplirse 30 años de la última de esas crisis, conocida como “el error de diciembre” y que consistió en la falta de atención sobre el déficit de cuenta corriente de casi 29 mil millones de dólares que el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari heredó al de Ernesto Zedillo, así como la reversión de los flujos de capital hacia México, consecuencia de hechos ocurridos en aquel 1994, como el alzamiento zapatista y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Una de las explicaciones de esa crisis es que el presidente Salinas se negó a devaluar la moneda –que entonces no flotaba libremente como sucede hoy–, algo que habría contribuido a compensar los desbalances. Y que no lo hizo porque dicha medida habría afectado su aspiración para dirigir la naciente Organización Mundial de Comercio (OMC), propósito que de todos modos no alcanzó.

El México de hoy es muy distinto de aquél, pues, entre otras cosas, el país cuenta con reservas internacionales sustanciosas, que al último corte ascendían a 223 mil 998 millones de dólares.

En lo que sí se parecen ambos momentos es en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que Salinas, alberga un objetivo personal que ha puesto por encima del beneficio general del país.

El de éste era coronar la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con su llegada a la dirección general de la OMC. El de aquél es consumar su deseo de desmembrar a la Suprema Corte para tomar revancha por los obstáculos legales que el tribunal ha puesto a varias de sus decisiones.

El problema es que así como el antojo de Salinas derivó –junto con otras malas decisiones– en la crisis de 1995, la obstinación de López Obrador para que se ponga a votación el nombramiento de jueces, magistrados y ministros está creando un sismo económico que podría afectar las perspectivas del país, justo cuando parecería destinado a ser un gran beneficiario del fenómeno de relocalización de cadenas productivas conocido como nearshoring.

Esta semana han surgido críticas a la reforma judicial procedentes del empresariado, de la calificadora Fitch Ratings y del banco de inversiones Morgan Stanley por las consecuencias que tendría dicha modificación constitucional sobre el equilibrio de Poderes y el clima de inversión en México.

“Es indispensable que se consideren los atributos que deben reunir un juez, un magistrado y un ministro y que esto no se puede poner en una elección que puede dañar los resultados de un laudo”, manifestó José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canaco en la capital del país, máximo representante de un sector que genera más de tres billones de pesos anuales o la octava parte del PIB nacional.

A su vez, Fitch, que advirtió que el gobierno de Sheinbaum enfrentará importantes desafíos económicos, dijo que esa reforma y otras propuestas de López Obrador podrían afectar el perfil institucional de México. En tanto, Morgan Stanley, que aconsejó a sus inversionistas reducir su exposición en México, advirtió que los cambios en materia judicial podrían contribuir a elevar las primas de riesgo del país y limitar los gastos de capital.

Se puede pensar que Sheinbaum –quien tendría que cargar con los efectos de eventuales impactos económicos, sociales y políticos que se desborden sobre el inicio de su sexenio– es la más interesada en que la reforma judicial no le descomponga el cuadro y no la distraiga de lo esencial. Sin embargo, la fortaleza política de su antecesor y la decisión de éste de que la reforma sea promulgada a más tardar el 30 de septiembre, un día antes de que ella tome posesión, le ha dejado muy poco margen de maniobra.

Al parecer, a Sheinbaum no le quedará sino lidiar con las consecuencias de las decisiones de su antecesor –cuales fueren–, así como le pasó a Zedillo después del 1 de diciembre de 1994.