Comiendo ansias

Bitácora del director

Pascal Beltrán del Río

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| 18 Jul 2024 - 09:57hrs

Luego de mes y medio de presentar públicamente su iniciativa de reforma judicial como algo que está a un simple trámite de ser consumado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que dar un paso atrás y reconocer que su movimiento político aún no cuenta con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, necesaria para poder aprobar modificaciones constitucionales.


El mandatario lleva dos días de esta semana refiriéndose en su conferencia mañanera a los cuestionamientos de quienes opinan que no toca a su gobierno, sino al Instituto Nacional Electoral realizar la repartición de las diputaciones de representación proporcional.


La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se ha precipitado en dar a conocer cómo quedará conformada, según sus datos, la 66 Legislatura en la Cámara baja, atribuyendo a Morena y sus aliados una bancada combinada de 373 diputados. Éstos serían 39 más que los requeridos para formar la mayoría calificada.


Ayer, Alcalde se presentó de nuevo en la conferencia en Palacio Nacional para repetir esos números, luego de que lo hiciera el 3 de junio pasado, un día después de la jornada electoral.



México superó hace casi tres décadas la era en la que Gobernación –a través de la desaparecida Comisión Federal Electoral– se encargaba de la organización de los comicios.


Aun así, y a pesar de que los artículos 5 y 38 del su reglamento interior establecen que Bucareli no debe intervenir en asuntos electorales, la secretaria Alcalde –a quien muchos mencionan como la próxima dirigente de Morena– ha insistido en referirse al tema del reparto de las diputaciones plurinominales, dando por hecho que el oficialismo alcanzará la mayoría calificada.


En su crítica a quienes piden esperar que el INE realice el trabajo que le corresponde –y opinan que, al hacerlo, el árbitro electoral debe interpretar el artículo 54 constitucional y no aplicarlo literalmente–, López Obrador calificó a éstos de “marrulleros” y los acusó de querer detener así su reforma constitucional. Dicho artículo ordena que “en ningún caso” una misma fuerza política pueda disponer de más de 8% de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, es decir, de un porcentaje de los escaños que supere en ocho puntos la votación que obtuvo en las urnas.


Por cierto, el presidente López Obrador evidenció que no entiende dicho concepto, pues dijo que sus “adversarios” se oponen a la “supuesta sobrerrepresentación” de su movimiento. La realidad es que la sobrerrepresentación siempre ha existido; lo que se cuestiona es que se pretenda que rebase el máximo permitido, fijado por la reforma de 1993.


Si bien la Carta Magna habla de “partidos” al establecer dicho tope, distintos especialistas afirman que el espíritu del texto es que cualquier reforma a la Constitución debe surgir por consenso y no por voluntad exclusiva de una misma fuerza política. Por eso, alegan, debe interpretarse que el límite de 8% debe aplicarse también a las coaliciones.


Todos los días, la Constitución es interpretada por los juzgados. Eso ya lo ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –instancia en la que recaerá la decisión de confirmar o corregir el reparto de plurinominales que realice el INE–, cuando, por ejemplo, interpretó el artículo 38 para permitir el voto de las personas en reclusión que no hubiesen sido condenadas.


Dicho fallo, en 2019, puso de manifiesto que la Constitución debe ser interpretada para proteger a las minorías y privilegiar los derechos. Si le se hubiera tomado literalmente, más de 26 mil personas en reclusión se habrían quedado sin votar.


Lo que conviene es dar espacio a que el INE realice el reparto de las diputaciones plurinominales y, después, que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones que seguramente vendrán.


También sería correcto que el oficialismo y sus cajas de resonancia dejaran de comer ansias, dando por hecha la reforma judicial que quiere López Obrador –y que busca empujar en septiembre, antes de dejar el poder– en tanto no quede claro que existirá la mayoría suficiente para aprobarla.

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