¿Qué sucede cuando se decide destruir el sistema de justicia?

| 10 Jul 2024 - 08:51hrs

Entre 1975 y 1979, Camboya fue gobernado por los Jemeres Rojos, un movimiento comunista que instauró un régimen de terror. Bajo la fachada de una república popular, el grupo, liderado por Pol Pot, sometió a la población civil del país surasiático a un férreo control militar.

Tener un título universitario o incluso el simple hecho de usar lentes eran razones suficientes para ser detenido y enviado a la siniestra cárcel de Toul Sleng o a un campo de “reeducación”, lugares de los que casi nadie salía con vida.

Una de las instituciones “burguesas” que destruyeron los Jemeres Rojos fue el sistema de justicia. Legisladores, fiscales, jueces, abogados y profesores de derecho fueron asesinados u obligados a huir del país. Los libros de derecho fueron quemados y los edificios en que sesionaban los tribunales o en los que se enseñaba la carrera de leyes fueron reconvertidos.

Dolores A. Donovan, profesora de derecho de la Universidad de Stanford, pasó dos meses y medio en Camboya en 1991, documentando la dura labor de reconstruir el sistema de justicia, luego de que a la caída de los Jemeres Rojos sólo se encontraron menos de diez abogados en todo el país.

“Porque la República Popular de Kampuchea devaluó la ley, como hacen muchos regímenes socialistas, ha sido lento reconstruir el sistema legal y el educativo”, escribió Donovan. “Las pocas leyes que promulgó y los tribunales que creó tuvieron el sello de los conceptos soviéticos de la legalidad socialista”.

En el proceso de reconstrucción del sistema de justicia, “el país ha instaurado nuevos tribunales, pero la mayoría de ellos no funcionan”, describió en el texto, publicado en el verano de 1993, casi tres lustros después de la caída de Pol Pot y sus adláteres.

“Asimismo –continuó–, se ha designado a jueces y fiscales, pero pocos de ellos han sido educados en la ley”. E informó que el número de profesionistas plenamente entrenados declinó incluso más en los años que siguieron a 1979, al punto de que solamente quedaban cinco de ellos. “Peor aún, Camboya no tiene abogados privados”.

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No fue sino hasta 2006 que Camboya pudo promulgar su primer código civil luego del retorno a la democracia. Después, en 2007 llegó su primer código de procedimientos penales. En la reconstrucción del sistema legal, el país contó con la asistencia de Francia y Japón.

Es decir, tuvo que pasar más de un cuarto de siglo para reconstruir lo que destruyeron los Jemeres Rojos en nombre de una “justicia popular”.

El caso mexicano es, desde luego, diferente al de Camboya. Sin embargo, lo sucedido en ese país debería servir de ejemplo para comprender lo que puede pasar si se desmonta el actual sistema de justicia para emprender de golpe uno nuevo, que implique elegir a los juzgadores por el voto popular y no exigir prácticamente ninguna experiencia a quienes vayan a sustituir a los actuales, como sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes pasado, lo cual endurecería aún más la reforma que pretende.

La iniciativa enviada al Congreso por el mandatario prevé que los aspirantes a juzgadores que se sometan a las urnas requieran de una experiencia de cinco años, pero en un afán de desdeñar a los críticos –que sostienen que sus legisladores le aprobarán cualquier cosa que él mande–, López Obrador dijo que claro que admitiría cambios a la propuesta y, fiel a su estilo, dobló la apuesta y dijo que sería bueno quitar el tema de la experiencia requerida.

Lo que hizo allí López Obrador fue como decir: “Si no les gusta mi iniciativa, ahí les va una que les va a gustar aún menos”.

Sólo como referencia, la página web estadunidense juriseducation.com dice que la mayor parte de los estados de la Unión Americana requiere al menos diez años de experiencia en asuntos legales para que alguien llegue a juez. Pero López Obrador afirma que esa tarea pueden hacerla quienes acaban de obtener la licenciatura, porque tienen mayor “frescura”.