Bátiz y Casar

| 13 May 2024 - 09:56hrs

Dos veces secretario general del PAN —de 1970 a 1973 y de 1980 a 1983—, así como coordinador de la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados durante la LII Legislatura (1982-1985), Bernardo Bátiz Vázquez tuvo su momento de mayor exposición pública en 1992, cuando renunció a Acción Nacional, siendo parte del Foro Doctrinario y Democrático, grupo crítico de la política de negociación que había emprendido el entonces jefe nacional panista Luis H. Álvarez con el presidente Carlos Salinas de Gortari, misma que abrió la puerta a la etapa de mayores logros electorales de la organización fundada por Manuel Gómez Morin.

Tres décadas después de aquel hecho, el retraído Bátiz volvió a ser mencionado en las primeras planas de los periódicos y en los noticiarios de radio y televisión, como no lo había sido en toda su etapa posterior al Foro, ni siquiera como procurador capitalino ni como miembro actual del Consejo de la Judicatura Federal.

Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo puso bajo su ala desde los años 90, quiso usarlo como testigo de su andanada contra María Amparo Casar. Tanto en su libro ¡Gracias! como en la conferencia mañanera del viernes 3, el mandatario aseguró que Bátiz había sido visitado en su oficina de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en 2004, por la propia Casar y el historiador Héctor Aguilar Camín, para pedirle que modificara la causa legal de muerte del esposo de aquélla, Carlos Márquez Padilla, entonces funcionario de Pemex, a fin de que ella pudiera cobrar un seguro de vida y una pensión por viudez.

El acta de defunción, documento legal definitivo sobre aquel hecho, no estableció el suicidio como causa de la muerte del servidor público, pero López Obrador ha insistido en que ésa fue la verdad de lo sucedido y que Casar maniobró para alterarla.

Lo que el Presidente no ha aclarado es cómo fue que eso ocurrió, siendo entonces él la máxima autoridad de la Ciudad de México y estando bajo su mando no sólo la Procuraduría de Bátiz, sino también la oficina de Registro Civil.

El acta de defunción referida, que fue expuesta de forma alevosa, junto con más de 300 páginas documentos del caso, está impresa en papelería oficial y dice, en la esquina superior derecha: “Gobierno del Distrito Federal. México, Ciudad de la Esperanza”.

No sé si el presidente López Obrador se haya dado cuenta, pero al decir que aquella vez “el influyentismo” se salió con la suya, surge la insinuación de una alteración de los hechos que recae en automático sobre su gobierno, pues, dado el caso, éste pudo haberse negado a aceptarla. Y al poner a Bátiz como testigo, lo transformó en alguien que pudo haber encubierto un delito.

Hábilmente, el abogado Bátiz se deshizo de la papa caliente. Entrevistado por el colega José Cárdenas, dijo no tener recuerdo de encuentro alguno con Casar y Aguilar Camín, cosa que, además, éstos han desmentido.

El fin de semana, el también colega Gonzalo Oliveros compartió en su cuenta de X el video de una conferencia banquetera del entonces procurador capitalino, en la que dijo que sería “ocioso” determinar si la muerte de Márquez Padilla fue un suicidio o un accidente, pues no había nadie más presente en el momento en que cayó de una ventana. Asimismo, que no existía una nota en la que el occiso dejara dicho que pretendía quitarse la vida y, en cambio, había testigos de que solía fumar al lado de la ventana, que tenía una barda muy bajita, y “él pudo haber tenido en ese momento un desvanecimiento momentáneo o pudo haber resbalado”. Y agregó: “Eso nunca lo vamos a saber”.

Así que el caso del Presidente contra María Amparo Casar se deshilvanó rápidamente —como sucedió también, no con tanta velocidad, con los procesos penales contra Rosario Robles y los científicos— y lo único que procede ahora, si el mandatario no desea quedar como el persecutor avieso de una mujer viuda y académica crítica, es reinstalar la pensión de Casar y hacer como que nunca se revivió un caso personal doloroso con fines evidentemente políticos.