La candidatura o la vida

Falta poco más de un mes para las elecciones y, por todo el país, las campañas ya están a pleno vapor.

El relevo de autoridades locales es una magnífica oportunidad para que los grupos criminales impongan sus condiciones. Con mil 802 ayuntamientos en juego, imagínese.

Si los delincuentes pueden controlar quiénes serán los candidatos, hacer que los alcaldes entrantes trabajen para ellos resulta un día de campo.

Con una treintena de aspirantes a cargos de elección popular asesinados, éste ya es el proceso más violento de la historia reciente. Pero no hay que irse con la finta, pues el homicidio sólo es la medida de coerción más extrema. Antes de recurrir a ella está la intimidación, cuya cifra negra es incalculable.

En Yurécuaro, municipio ubicado en el extremo norponiente del estado, nadie se animó a competir por parte de la alianza PRI-PAN-PRD. Cuando el dirigente estatal priista Guillermo Valencia Reyes explicó que allí no se registraría una planilla a causa de las amenazas, el comité municipal del partido se apuró a desmentirlo y atribuir el hecho a “la falta de claridad en los procesos de selección de candidatos”.

En Zacapu, acaba de bajarse de la contienda el candidato a presidente municipal, Lorenzo Martínez Pedraza, postulado por la misma alianza opositora.

Los conocedores de la política local dicen que tenía grandes posibilidades de ganar la elección. En una carta abierta, publicada el martes, dijo que tomaba esa decisión “por motivos de salud que me impiden competir”.

El candidato no reconoció abiertamente haber sido blanco de presiones, pero agregó: “Espero que mi renuncia permita que el proceso electoral continúe de manera justa y transparente”.

Michoacán ya había sido sacudido, a finales de febrero, por el asesinato de Miguel Ángel Zavala Reyes y Armando Pérez Luna, precandidatos de Morena y el PAN, respectivamente, quienes fueron atacados a balazos el mismo día, con diferencia de horas.

Con ello, los criminales mostraron dos cosas: que a ellos las siglas de los partidos no les importan, y que pasar por alto sus intereses se paga con la vida.

En entrevista con Imagen Radio, Valencia Reyes me dijo que en cinco municipios michoacanos, cuyos nombres se reservó, los candidatos le avisaron que probablemente renuncien a seguir en la competencia a causa de la intimidación. Y que en uno más, la aspirante a la alcaldía tuvo que dejar de hacer campaña y se refugió en Morelia.

Aunque reconoce que algunos de los candidatos han sido apoyados con elementos de seguridad, se pregunta qué va a pasar cuando pasen las elecciones.

“Si queda como alcalde un candidato al que los criminales advirtieron que no participara, estará en peligro, pero quizá tenga posibilidad de defenderse por ser autoridad. Me preocupan más aún quienes pierdan, pues volverán a ser simples ciudadanos después de las elecciones. ¿A ellos quién los va a proteger?”.

En Michoacán, al igual que en muchos otros estados del país, la democracia está seriamente amenazada. Y la respuesta del Estado se está quedando abismalmente corta.

BUSCAPIÉS

*La reforma al vapor a la Ley de Amnistía de 2020 dejó muchas dudas: ¿Cómo se definirá cuál es un tema relevante para el Estado mexicano? ¿Será una decisión que quede al exclusivo arbitrio del Presidente de la República? ¿Cómo se asegurará que los potenciales beneficiados no incriminen falsamente a otros? ¿En qué parte del proceso se consultará a las víctimas? ¿Por qué defienden, por un lado, la prisión preventiva oficiosa y, por otro, otorgan al Ejecutivo la facultad de excarcelar a quien quiera? Parece que el oficialismo –en su afán de hacer parecer que Andrés Manuel López Obrador no dejará sin resolver el caso Ayotzinapa– no se preocupó por éstos y otros cabos sueltos y, de paso, robusteció la concentración del poder en el Ejecutivo.