 | Bitácora del directorPascal Beltrán del Río |
| 07 May 2024 - 08:54hrs
En 21 de las 32 entidades federativas del país, el órgano estatal de procuración de justicia está en manos de un titular nombrado recientemente para suplir a uno que renunció o fue destituido.
En momentos en que se discute la responsabilidad de los jueces en la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia, dichas dependencias –29 fiscalías y tres procuradurías– son blanco de escándalos mediáticos y vaivenes políticos.
El caso más reciente es el de la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí, cuyo titular anunció su renuncia la semana pasada. En medios potosinos se comenta que el fiscal José Luis Ruiz Contreras, quien era interino, dejó el cargo para poder estar en condiciones legales de aspirar a un periodo de siete años, que comenzará en 2025.
En diez casos, el cambio de titular del órgano de procuración de justicia se dio en el último año. Se trata de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.
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En otros once estados, el relevo ocurrió en lo que va del actual sexenio federal: Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Las únicas entidades donde ha habido estabilidad en el mando de la fiscalía o la procuraduría local o, cuando menos, se mantiene en su cargo el titular designado en los tiempos legales correspondientes son Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala.
Sin embargo, la actuación de los fiscales de Morelos, Uriel Carmona; Guanajuato, Carlos Zamarripa, y Tamaulipas, Irving Barrios, ha sido criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde sus conferencias mañaneras. El mandatario ha opinado que los tres deben salir.
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En muchos casos, los fiscales nombrados por el respectivo Congreso estatal para periodos transexenales –de seis, siete o nueve años– han renunciado o han sido removidos.
Por ejemplo,Víctor Carrancá, en Puebla, nombrado en 2016 por siete años, quien renunció en diciembre de 2019; Juan José Ríos Estavillo, en Sinaloa, nombrado en 2017 por siete años, quien renunció en octubre de 2021; Iván Carpio Sánchez, en Baja California, nombrado en 2022 por seis años, quien renunció en agosto de 2023, y Gustavo Adolfo Guerrero, en Nuevo León, nombrado en 2018 por seis años, quien renunció en octubre de 2022.
También, Francisco Murillo Ruiseco, en Zacatecas, nombrado en 2018 por siete años, quien renunció en noviembre de 2023; Jorge Luis Llaven Abarca, en Chiapas, nombrado en 2018 por nueve años, quien renunció en 2020 para ser candidato a diputado federal; Jaime Lastra Bastar, en Tabasco, nombrado en 2019 por nueve años, quien renunció en 2021.
Muchos de los cambios mencionados ocurrieron en el marco de escándalos, como revelaciones de presuntos actos delictivos cometidos por los fiscales o señalamientos de incompetencia o graves hechos de seguridad pública que salpicaron su gestión.
Un caso reciente sucedió en Guerrero, donde la fiscal Sandra Luz Valdovinos fue removida en el marco del asesinato de un estudiante normalista por parte de policías estatales.
Pero los vacíos también se han creado por las aspiraciones políticas de los titulares, como el ya mencionado de Llaven Abarca, en Chiapas, y el de Santiago Nieto, quien dejó la Procuraduría de Hidalgo para aspirar a una senaduría por Querétaro.
En el caso de la Ciudad de México, se venció en enero pasado el lapso de la fiscal Ernestina Godoy sin que se pudieran dar los consensos en el Congreso capitalino para que ella tuviera un segundo periodo o se designara a alguien más, por lo que la dependencia tiene ahora a un encargado de despacho.
Por lo general, no se les presta mucha atención, pero en la mayoría de las fiscalías estatales la autonomía es un cuento y no hay mucho espacio para los planes de trabajo de largo plazo.
