¿Quieren pensiones? Ya saben por quién votar

| 12 May 2023 - 07:19hrs

Durante su campaña electoral y los primeros meses de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra quienes habían permitido que ciertas conductas delictivas no fuesen consideradas graves, en especial la corrupción y el fraude electoral.

López Obrador deseaba que en una nueva redacción del artículo 19 de la Constitución, ambas conductas aparecieran entre aquellas que dan motivo a enfrentar el proceso penal desde la cárcel. En la reforma constitucional que se promulgó en 2019 quedaron catalogadas como “corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones” y “uso de programas sociales con fines electorales”.

Al conseguir dicha reforma, el tabasqueño celebró que por fin se hayan convertido en delito grave “el fraude electoral, la compra del voto, el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos y a candidatos, la falsificación de resultados, el acarreo, todo eso, todas esas lacras que se han utilizado por décadas para impedir que las elecciones sean libres y limpias” (conferencia mañanera del 14 de marzo de 2019).

Aunque esa vez le agregó de su cosecha –pues, como digo arriba, lo que se incluyó como delito grave fue el uso de programas sociales con fines electorales–, el Presidente advirtió que quien cometiera “fraude electoral” ya no tendría derecho a fianza, “y ya existe para lo mismo la Fiscalía Electoral”.

Varias veces a lo largo de los cuatro años que han pasado desde entonces, López Obrador ha presumido que fue a iniciativa suya que se adicionó el artículo 19 para incluir conductas ilícitas de carácter electoral. Por ejemplo, el 12 de abril de 2021, cuando ya se habían iniciado las campañas para los comicios legislativos federales de ese año, afirmó: “Ya no es como antes, el fraude electoral se castiga con cárcel”.

En febrero de ese año, se había reformado la Ley General en Materia de Delitos Electoral para que fuera congruente con la Constitución. En su artículo sexto, se añadió un párrafo que instruye a los jueces a ordenar la prisión preventiva oficiosa cuando los delitos “se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales”.

Dicha ley, publicada en 2014, ya previa entre las conductas delictivas la siguiente: utilizar “bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales (para) ejercer cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido o coalición” (artículo 7 bis). A dicha prohibición, el presidente López Obrador promovió que se le agregara otra: “posicionar ante el electorado a un servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición” mediante “el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales” (artículo 11 bis).

Los hechos y declaraciones anteriores resultan relevantes a la luz de lo que afirmó ayer en su conferencia en Palacio Nacional, al insistir, por tercer día consecutivo, en que su movimiento político debe ganar, en las elecciones de 2024, la mayoría calificada en el Congreso para poder modificar la Constitución.

“¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar”, afirmó, y, en seguida, se puso a hacer una serie de contrastes entre su movimiento y la oposición.

La mayoría de ellos pueden considerarse anodinos, pues parten de la opinión y los prejuicios del mandatario sobre sus aliados y sus adversarios. Pero una de las preguntas que planteó bien podría caer en las conductas castigadas por la Constitución y la legislación electoral. “¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar”.

Tocará a la Fiscalía Electoral, a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti, determinar si el Presidente cometió un delito electoral. Siendo su amigo, podemos imaginar que le sacará la vuelta al tema, como hizo con otras denuncias.

Sin embargo, López Obrador difícilmente podrá negar que con esa declaración mostró que está dispuesto a pasar por encima de sus propios dichos. Y con ello ha dado argumentos a quienes sostienen que su visión de la ayuda social es simplemente electorera.