 | Bitácora del directorPascal Beltrán del Río |
| 03 Abr 2023 - 08:55hrs
No fue una casualidad que tres años después de que México ingresó en la zona de libre comercio de América del Norte, en enero de 1994, comenzó a desmoronarse el régimen de partido hegemónico que había prevalecido en el país por casi siete décadas.
El TLCAN acabó dando la puntilla al PRI, porque obligó a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo a abrir el sistema político casi tanto como lo hicieron con la economía. Durante los debates en el Congreso estadunidense sobre la eventual firma del tratado, el influyente senador demócrata Daniel Patrick Moynihan expresó sus reservas sobre aprobar un acuerdo de libre comercio con un país que “no es libre”. Para mala fortuna de Salinas, el electorado de Estados Unidos rechazó la reelección de su amigo George Bush, en noviembre de 1992, así que la fase final de la negociación del TLCAN se realizó con Bill Clinton, cuyo correligionario Moynihan, quien poco después se convirtió en el presidente del Comité de Finanzas del Senado, sostenía que en México el debido proceso no estaba garantizado.
El sistema político fundado por los triunfadores de la Revolución Mexicana había sobrevivido a crisis sociales y devaluaciones de la moneda, pero se desmoronó muy rápido ante la demanda de los nuevos socios comerciales –EU y Canadá– de que la integración económica se hiciera acompañar de reglas transparentes y competitivas también en el mercado político. La marcha de México hacia la apertura comercial tuvo mucho de involuntario. El régimen priista se construyó sobre la base del nacionalismo y se dio prioridad a una economía cerrada que produjera ella misma los bienes que necesitaba, levantando barreras arancelarias con un claro sesgo antiexportador. Los problemas en la balanza de pagos que produjo esa política económica obligaron al gobierno mexicano a sumarse, en 1986, al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y a reducir su participación en la economía.
A partir de 1988, y luego de una elección cuestionada, Salinas de Gortari continuó con el ajuste estructural. Eliminó muchos obstáculos a las importaciones y negoció el TLCAN. Él esperaba que la liberalización económica no tuviera que ir a acompañada de una apertura política equivalente, pero, apenas un sexenio después de la aprobación del tratado, el PRI perdería la Presidencia de la República, luego de haber dejado ir la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997.
Pese a las advertencias de sectores nacionalistas –entre los cuales estaba la izquierda que hoy está en el poder–, el TLCAN no arruinó la economía mexicana. Por el contrario, la detonó. El PIB per cápita del socio más débil del acuerdo trilateral casi se duplicó en un cuarto de siglo, pasando de 5 mil 778 dólares en 1993 a 9 mil 857 en 2018 (fuente: Banco Mundial). Hoy, ante la irrupción del nearshoring, México podría experimentar grandes cambios económicos, con la posible llegada al país de cientos de miles de millones de dólares en inversiones, que podrían generar cientos de miles de nuevos empleos.
El dilema para el actual gobierno es que ese influjo de inversión eleve el nivel de vida de los mexicanos, pero dé al traste con el control político que el régimen ha pretendido establecer, mediante un aumento explosivo de los programas sociales y el predominio del Ejecutivo sobre los otros poderes.
Al igual que Moynihan lo hacía a fines de 1992, muchos en EU se están preguntando hoy por la prevalencia del debido proceso en México, temerosos de que se pudieran cancelar contratos de forma arbitraria y por lo limitado de la dotación de electricidad para la industria, ante la insistencia de que ésta sea provista por la CFE. El gobierno tendrá que decidir si pone límites a las inversiones –sabedor de que el dinero público algún día no alcanzará para sostener los programas sociales y estalle la inconformidad social– o acepta las consecuencias políticas que el nearshoring pudiera traer por varias vías, entre ellas la de una menor dependencia del asistencialismo oficial.
