Son iguales… o peores

Bitácora del director

Pascal Beltrán del Río

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| 13 Feb 2023 - 09:07hrs

El oficialismo ha embaucado a muchos mexicanos haciéndoles creer que ya acabó con la corrupción. Que la práctica de enriquecerse mediante el uso del poder –documentada en este país desde los tiempos de la Colonia– se extinguió de un plumazo, con la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.


Sin embargo, lo único que ha cambiado es que, antes, la corrupción y el abuso de autoridad ocurrían en las sombras y cuando las prácticas ilegales o inmorales eran descubiertas, el funcionario culpable sufría la vergüenza pública y la defenestración.


A principios del sexenio pasado, un servidor público federal fue despedido de manera fulminante cuando su hija exigió que le dieran una mesa en un restaurante que estaba lleno y amenazó con que pediría a su padre que lo cerraran.


Qué esperanzas que eso ocurra hoy. En la actual administración –y en todas sus réplicas en estados y municipios– cuando se descubre un acto de corrupción suceden dos cosas: se justifica, alegando buenas intenciones, y se atribuyen los señalamientos a una “campaña negra” de los “conservadores”.


El ejemplo más acabado de que la corrupción goza de cabal salud es que Morena y sus aliados van a postular como candidata a la gubernatura de la entidad más poblada y más rica del país a una mujer que quitó parte del salario a los trabajadores del ayuntamiento que encabezaba para entregárselo a una organización política afiliada a su partido.


En otros países, ése sería, por lo menos, un impedimento para contender. En 1995, en Suecia –uno de los países nórdicos que López Obrador pone de ejemplo–, la entonces viceprimera ministra, la socialdemócrata Mona Sahlin, perdió la oportunidad de ascender a la jefatura del gobierno, en sustitución de Ingvar Carlsson, cuando se supo que había usado una tarjeta destinada a pagar gastos oficiales para comprarse unos chocolates y otros artículos. El asunto se convirtió en un escándalo –conocido como affaire Toblerone– y, aunque no acabó del todo con su carrera política, ésta no volvió a despegar.


El Presidente gusta de repetir que las denuncias de corrupción contra sus colaboradores y partidarios tienen el único propósito de equipararlos con los políticos del pasado. “No somos iguales”, insiste.


El problema para el oficialismo es que la realidad es muy terca y ha venido a negar la “purificación” de la vida pública que supuestamente procura la 4T. El caso más reciente lo encontramos en el estado de Veracruz, donde una servidora pública, a la que nadie ha visto, pero ocupa un cargo en la Secretaría de Educación del estado, con un salario menor a los 10 mil pesos mensuales, recibió decenas de contratos por adjudicación directa, para proveer de insumos al gobierno veracruzano, por un monto superior a los 100 millones de pesos.


Araly Rodríguez Vez, quien oficialmente cubre una plaza sindicalizada en el municipio de Cosoleacaque, no tiene una empresa que pudiera justificar su actividad. Está dada de alta fiscalmente como persona física y declaró como dirección una casa en un barrio popular de Xalapa, donde no la conocen.


Después de tres meses de denuncias por parte del diputado local Marlon Ramírez Marín e investigaciones de la prensa veracruzana, la semana pasada el gobernador Cuitláhuac García Jiménez debió reconocer la irregularidad, luego de que durante semanas sus funcionarios se escudaron en el pretexto de que se trataba de un caso de homonimia.


En una de las clásicas machincuepas del oficialismo, el mandatario estatal explicó que se trataba de una prestanombres usada por empresas que se habían enriquecido en el pasado y que, por ello, no se atrevían a trabajar de forma abierta.


Acorralado por las evidencias, el morenista García Jiménez ha prometido una investigación. Será interesante saber cómo es que su gobierno otorgó contratos por 100 millones de pesos sin revisar los antecedentes de la proveedora ni acudir a su supuesta dirección.


El que se obstina en nivelarse con la corrupción del pasado es el propio oficialismo. Y lo que lo vuelve peor es que actúa con la bandera de la honestidad, engañando a los incautos.

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