El merequetengue legal que nos dejó el plan B.

| 09 Feb 2023 - 08:59hrs

.La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá en sus manos la tarea nada fácil de decidir cuál será la legislación que rija el proceso electoral de 2024.

A partir de las impugnaciones que ya se han presentado contra la parte vigente del llamado plan B, más las que vendrán en cuanto se publique la porción restante, los ministros deberán decidir si la reforma promovida y votada por el oficialismo está apegada o no a lo que establece la Constitución.

Y para ello tendrá apenas tres meses y medio, pues el marco legal en materia de elecciones no podrá modificarse después del 1 de junio, es decir, 90 días antes de que se inicie el proceso, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 105 de la Carta Magna.

A partir de ahora, lo que hagan o dejen de hacer los ministros tendrá una enorme repercusión sobre la contienda –en la que habrán de renovarse los otros dos Poderes de la Unión–, con todo y que su tarea específica será decidir sobre si los cambios aprobados respetan la Constitución.

No son pocos los escenarios posibles. Entre otros, la Corte podría terminar de analizar, en el plazo mencionado, todas las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas. O bien, una parte de ellas o ninguna, pues no existe, en estricto sentido, un plazo para que actúe.

También podrían no alcanzarse los ocho votos requeridos para declarar inconstitucional una ley o resolver sobre invasiones de competencias, en uno o varios de esos recursos analizados. Si fueran siete votos o menos, el cambio se sostendría.

Asimismo, la Corte podría fallar contra algunos de los artículos señalados y dejar otros en firme.

Aunque el amparo no procede en materia electoral –por lo que nadie podría alegar que el plan B viola sus garantías en materia política–, los derechos laborales de los empleados del INE que resultan afectados por la reforma sí podrían ser protegidos por la justicia.

Y, en un escenario poco probable –de acuerdo con los antecedentes–, la Corte podría dictar una o varias suspensiones, dejando una porción o la totalidad de la reforma pendiente de analizar, con lo cual los artículos objeto de la suspensión no se aplicarían en el proceso electoral de 2024.

El plan B se ha convertido en la modificación legal más impugnada en la historia del país. No podría ser de otro modo, porque el oficialismo rompió el molde de las reformas electorales que venía funcionando desde 1964, cuando se creó la figura de diputados de partido: cambios guiados por la intención de ampliar la participación de las minorías, como resultado de negociaciones entre el gobierno y la oposición.

El saldo es que el INE tendrá que prepararse para organizar los comicios sin saber qué reglas operarán –las que han funcionado hasta ahora o las que creó la reforma– y con cuántos servidores públicos podrá contar para esa tarea. Aunque probablemente ésa haya sido la intención.