Línea 12: la apuesta por la desmemoria

No hay manera más poderosa de provocar la curiosidad humana que esconder algo.

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, parece haber olvidado ese rasgo de la conducta humana al anunciar que rechaza el informe final de la consultoría que ella misma contrató para realizar un peritaje sobre el colapso de la Línea 12 de Metro, al tiempo que tomó la decisión de no dar a conocer el documento.

Para justificar la opacidad, dijo que había demandado por la vía civil a la empresa, la noruega Det Norske Veritas (DNV), y que, al estar sub júdice, el informe no podía hacerse público.

Una pregunta obvia se desprende de esos hechos: ¿Qué podrá estar oculto? Las posibles respuestas son limitadas. Si bien los primeros dos informes de DNV apuntaban a fallas estructurales y de construcción en el tramo elevado que se derrumbó hace un año, también existen evidencias de que había señales visibles de afectación –como el pandeo de las vigas de acero, captadas desde 2019– que tenían que haber atendido las actuales autoridades.

Hizo una descalificación al trabajo de DNV, que se parece mucho a los dardos de descrédito que lanza regularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Es un informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso”, alegó. Y habló de un “caminito” por el que DNV estaría conectado con los enemigos clásicos de la autodenominada Cuarta Transformación: la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el PAN.

Habría, además, conflicto de interés en la elaboración del informe. Esto, por la presencia en el equipo de DNV del abogado Héctor Salomón Galindo Alvarado, quien en 2012 interpuso un recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de López Obrador.

La argumentación de la jefa de Gobierno no sólo choca con la opinión que ella tenía de DNV hace apenas un año –cuando ponderó su probada experiencia y “reconocido prestigio”–, sino que no explica cómo aquel litigio y la participación de Galindo Alvarado en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pudieron haber incidido en las conclusiones.

Uno tiene que preguntarse por qué DNV, una empresa con presencia en 100 países, pondría en riesgo una trayectoria de casi 160 años por darle gusto a los enemigos de la 4T y por un contrato que apenas rebasa el millón de dólares (o 0.0005% de sus ingresos mundiales en 2021, según su reporte anual).

Al negar el acceso a un peritaje que fue financiado con recursos del erario, se colocó un enorme reflector encima. El derrumbe de la Línea 12, que dejó 26 personas fallecidas, es la peor tragedia que haya experimentado el transporte público de la Ciudad de México. Además, la mandataria no puede pasar por alto que ella no es sólo una de las opciones del oficialismo para suceder a López Obrador en 2024, sino que es, a todas luces, la favorita del presidente .

Con su reacción sobre el trabajo de DNV, está dejando que los ciudadanos vean su talante político. ¿De llegar a la Presidencia, sería igual de refractaria a la autocrítica? ¿Desconocería, como hace ahora, el concepto de responsabilidad de los servidores públicos? ¿Respondería con altivez a las quejas de los habitantes del país como hace con los de la capital? ¿Sería opaca con la información de interés público, del mismo modo que lo es con este informe?

Si está segura de que el peritaje está mal hecho o no sirve para conocer la verdad o ha sido manipulado por sus adversarios, ¿por qué no permite que sean otros, como los expertos independientes, quienes lleguen a esa conclusión? De seguir aferrada a no mostrar el documento que tiene desde hace tiempo, la percepción pública será que se molestó con la consultoría porque no le gustaron sus hallazgos finales, y que éstos apuntan, inevitablemente, a la responsabilidad de su gobierno en la tragedia por fallas en la operación y el mantenimiento.

Parece estar apostando a la flaca memoria de los mexicanos, pero con 26 personas fallecidas, dicha apuesta es harto arriesgada.