Bitácora del directorPascal Beltrán del Río |
| 27 Jun 2023 - 08:57hrs
La madrugada de ayer, se dio un enfrentamiento armado de dos horas en el poblado de Loma de los Hoyos, municipio de Apatzingán, Michoacán.
Luego de la balacera, protagonizada por grupos delictivos que pretenden tomar el control de esa zona de Tierra Caliente, el suelo de la pequeña comunidad quedó regado de casquillos.
Cuando mi compañero corresponsal Miguel García Tinoco llegó al lugar, pocas horas después de los hechos, se encontró a un hombre, de unos 50 años de edad, que los recogía y los guardaba en una bolsa.
“Los ando recogiendo para venderlos, para el recicle, porque no tenemos para comer”, afirmó. “Estamos en guerra aquí”.
La semana pasada, unos 800 habitantes de Las Bateas, Llano Grande y otros poblados que se encuentran al sur del río Grande, que parte en dos el municipio de Apatzingán, huyeron para el otro lado del afluente a fin de buscar refugio del conflicto que se desató entre los Caballeros Templarios y los Viagras, dos facciones de los Cárteles Unidos.
Hasta hace poco, ambos grupos actuaban juntos para enfrentar la arremetida del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región, pero diferencias sobre el control de las extorsiones a los productores de limón los llevaron a declararse la guerra.
El enfrentamiento en Loma de los Hoyos se dio cuando los desplazados comenzaban a regresar a sus casas, bajo la mirada y resguardo de unos 400 militares que llegaron a Apatzingán luego de que un vehículo del Ejército fue destruido por una mina antipersonal plantada en una brecha del municipio por alguno de los grupos delictivos en pugna (aún no se sabe cuál de ellos fue el responsable).
Resulta inevitable pensar qué pasará con esa mezcla de violencia y pobreza cuando, en pocos meses, se inicien las campañas electorales formales, que culminarán con las votaciones del 2 de junio de 2024.
Y es que las “elecciones más grandes de la historia”, en las que se disputarán la mayoría de los cargos políticos que existen en México –desde la Presidencia de la República hasta más de dos mil ayuntamientos, pasando por nueve gubernaturas, las dos Cámaras del Congreso de la Unión y 31 legislaturas estatales–, tendrán lugar en un entorno de violencia en muchas partes del país.
En Guerrero, estado vecino de Michoacán, los alcaldes de Chilpancingo e Iguala –David Gama Pérez y Norma Otilia Hernández– están bajo amenaza de grupos delictivos. ¿Se imagina usted cómo serán las campañas para renovar esos cargos? En la capital estatal dejaron un mensaje con la advertencia junto a los cuerpos destazados de siete personas, mientras que en Iguala se suspendieron las actividades del ayuntamiento.
Pero la cuota de terror no se limita a esos estados: en Baja California, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas. Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, entre otras entidades, se han dado casos notorios de ajusticiamientos y otros hechos relacionados con las actividades de grupos delincuenciales, como secuestros y desplazamientos internos.
Las elecciones municipales suelen ser un terreno fértil para las disputas por el control territorial entre criminales y, como digo arriba, se van a renovar más de dos mil ayuntamientos el año entrante.
¿En qué condiciones se van a dar estas contiendas en lugares como la Cuenca del Papaloapan, la Huasteca potosina y la Sierra Tarahumara, que se han teñido de sangre en semanas recientes? ¿Cómo se vivirá en Tijuana, el municipio más poblado del país, donde la alcaldesa Montserrat Caballero se tuvo que ir a vivir a un cuartel militar, el jueves pasado, ante las amenazas que ha recibido?
Las elecciones federales y estatales de 2021 se desarrollaron en medio de asesinatos de candidatos y dirigentes políticos y acusaciones de involucramiento del crimen organizado en los procesos de Michoacán y Sinaloa. ¿Habrá algún plan para evitar que las amenazas y la violencia manchen las de 2024?