Caminos de Guanajuato

| 04 Abr 2024 - 10:12hrs

No cabe duda que Guanajuato tiene un problema de inseguridad muy grave. Por citar un dato, el estado sumó 21 mil homicidios entre 2019 y 2023, 12% de los que se cometieron a nivel nacional en el mismo lapso, lo cual es mucho si se considera que su población representa menos de 5% de la del país en su conjunto.

Dicho eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una fijación al hablar de la violencia en dicho estado, misma que no ha mostrado en el caso de estados que no cantan mal las rancheras en ese rubro, como Baja California, Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.

¿Será porque Guanajuato fue la única entidad que él no ganó como candidato presidencial, mientras que el resto de las mencionadas son gobernadas actualmente por su partido? No sé, pero puede ser.

Mientras que López Obrador suele meter la mano al fuego por los mandatarios estatales que son correligionarios suyos, se ceba con las autoridades guanajuatenses. El martes dijo que Diego Sinhue Rodríguez “gobierna, pero no manda” en el estado (algo que ya había dicho desde agosto de 2023).

Caballito de batalla en ese pleito es el fiscal estatal Carlos Zamarripa Aguirre, a quien el Presidente acusa de llevar muchos años en el cargo y de no dar resultados. Pide que por ello sea removido, aunque no tenga la misma severidad con colaboradores suyos, como el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien sigue en el cargo pese a la tragedia que sucedió en la estación migratoria de Ciudad Juárez, hace un año, donde 40 migrantes murieron en un incendio.

La fijación del mandatario queda de manifiesto si se toma en cuenta que ha mencionado al fiscal guanajuatense en por lo menos once mañaneras entre julio de 2021 y lo que va de este mes de abril. Esta semana volvió a arremeter contra él con motivo del asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya y, casualmente, cuando el homicidio de una niña y el linchamiento de su presunta victimaria en Taxco, Guerrero, era la noticia más comentada en el país.

No seré yo quien defienda a Zamarripa, pero López Obrador, al señalarlo como responsable de la violencia en el estado, parece no tener idea de lo que hace un fiscal. Da la impresión de que no distingue entre quien tiene la responsabilidad de prevenir el delito y quien se dedica a investigar los crímenes y procurar el castigo a quienes los cometieron.

Para saber si el trabajo de un fiscal es bueno o malo, lo que hay que mirar es el índice de impunidad en el territorio en el que se desempeña. Por cierto, en ese punto todos los fiscales del país salen reprobados, pues, de acuerdo con datos oficiales, en México apenas alcanza sentencia 4% de los delitos que se cometen, la mitad de ellas condenatorias. Es decir, 96% de ellos quedan impunes.

Afortunadamente, contamos con estadísticas judiciales por estados. En un informe publicado en octubre pasado, la organización México Evalúa enlistó las 32 entidades federativas por su índice de impunidad. Como digo, todas ellas salen reprobadas en procuración de justicia.

Curiosamente, Guanajuato tiene el tercer índice más bajo de impunidad (88.6%), superado solamente por Chiapas (71.5%) y Baja California (87.7%). En el otro extremo de la tabla están Hidalgo (99.6%), Jalisco (99.5%), Colima (99.5%) y la Ciudad de México (99.1%). ¿Cuándo ha escuchado usted que el Presidente pida la remoción de los fiscales de esos últimos estados? Es más, defendió a capa y espada a Ernestina Godoy, la fiscal capitalina, cuyo lapso de gestión feneció en enero pasado sin que prosperara el intento de que fuera reelegida por el Congreso local.

Otros estados en los que el índice de impunidad es mayor al promedio nacional (96.3%) son San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Tamaulipas y Quintana Roo, todos ellos gobernados por el oficialismo.

Insisto: no se trata de defender a la fiscalía guanajuatense, que está reprobada igual que las demás en el país. Sin embargo, a menos de que a usted se le ocurran otros motivos, parece que la fijación presidencial en este caso se explica por razones políticas.