Blindar de chanchullo las boletas electorales

| 19 Mar 2024 - 08:24hrs

Talleres Gráficos de México (TGM), organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Gobernación y cuya titular es la diputada morenista con licencia Maribel Aguilera Chairez, ha obtenido contratos para producir materiales electorales, incluyendo boletas, para los comicios del 2 de junio, por parte de una docena de organismos públicos locales (OPLE), con el fin de ser usados en las elecciones estatales concurrentes con las federales, lo cual le ha asegurado ingresos adicionales por mil 563 millones de pesos. A la fecha, Aguilera Chairez lleva firmados compromisos por un total de 430 millones de boletas, con lo que tiene a su cargo la producción de casi 82 por ciento de la documentación electoral, para lo cual TGM no tiene capacidad de cumplir a tiempo por sí mismo.

Como le comentaba aquí ayer, TGM ha buscado atajar el apuro mediante la subcontratación de empresas privadas, con las que Aguilera Chairez y su pareja, Antonio Meza Estrada, director general de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, tienen presuntos nexos financieros y políticos. Así, la producción de los materiales con los que ejercerán su voto decenas de millones de ciudadanos mexicanos se ha convertido en una mina de oro para un puñado de empresas. Algunas de ellas han sido, como digo, subcontratadas por TGM o han negociado contratos de manera directa con distintos OPLE.

En sus propios acuerdos con los institutos electorales estatales, Aguilera Chairez ha citado a los representantes de distintas instituciones estatales en oficinas que no son de TGM, en la colonia Granjas San Antonio, en Iztapalapa, mismas que aparecen a nombre de una de las empresas subcontratadas.

Otra cosa heterodoxa es que TGM ha dado precios diferenciados por productos idénticos, sin que quede clara la razón. Por ejemplo, ha ofrecido al OPLE de Guanajuato una urna electoral por un precio unitario de 560 pesos, mientras que a los de Campeche y Morelos se las vende en 648.98 y mil 221.20, respectivamente.

Los manejos opacos de TGM con los OPLE han valido señalamientos para los titulares de algunos de éstos, como sucede actualmente con el de Yucatán. En una denuncia presentada ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el pasado 7 de marzo, la ciudadana Rosaura Hernández Vargas denunció a Moisés Bates Aguilar, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, y pidió su destitución por haber violado “de manera grave los principios rectores de la función electoral con los que debió conducirse al no dar certeza, legalidad y objetividad” a la licitación para la adquisición de documentación y materiales electorales que serán utilizados en la jornada del 2 de junio.

De acuerdo con la denunciante, el consejero presidente Bates Aguilar no cuidó que el procedimiento se llevara a cabo de acuerdo con las normas electorales y que, en lugar de cerciorarse de que la empresa Comercializadora JVLY, ganadora de la licitación, cumpliera con los requisitos, dio por entregada la totalidad de los documentos, “lo cual es completamente falso, ilegal y arbitrario”.

Ayer le decía que la Secretaría de Gobernación debe transparentar la totalidad de los contratos firmados por TGM con los OPLE para la producción de documentación y materiales electorales, así como toda la información relacionada con subcontrataciones. Hoy agrego: también deben hacerse públicos los precios unitarios de los artículos ofrecidos por TGM y por cualquier empresa contratada o subcontratada con dicho fin, así como toda la información de que disponga sobre este tema el Instituto Nacional Electoral, responsable de la integración de los OPLE. México no debe volver a los tiempos en que no existía certeza sobre la producción de los materiales electorales, incluidas, desde luego, las boletas.

Los comicios presidenciales de 1988 fueron manchados por la aparición de miles de papeletas de votación, cruzadas a favor de los candidatos opositores, que aparecieron semiquemadas en basureros y barrancas después de la jornada electoral. Por la salud de la República y el bien de la democracia, debemos ahuyentar cuanto antes ese espíritu maligno.