México ante el espejo

| 26 Ene 2024 - 10:24hrs

El mismo día que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, propuso desaparecer el órgano a su cargo y sustituirlo con una “defensoría del pueblo”, el Estado mexicano compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, para enfrentar una revisión por parte de sus pares, denominada Examen Periódico Universal (EPU).

El nuestro fue uno de los 14 países sometidos a revisión en el actual periodo de sesiones del Consejo –que comenzó el 22 de enero y terminará el 2 de febrero– y tuvo como relatores a China, Bulgaria y Paraguay. En representación de México acudieron dos funcionarios de la cancillería: Joel Hernández García, subsecretario de Asuntos Multilaterales, y Roberto de León, director general de Derechos Humanos y Democracia.

Es la cuarta vez que nuestro país enfrenta este tipo de revisión periódica desde que el Consejo de Derechos Humanos fue creado en 2006. Las anteriores fueron en 2009, 2013 y 2018.

El EPU de México fue precedido por la presentación de una larga lista de informes, elaborados por organismos multilaterales y no gubernamentales, así como por el gobierno mexicano, los mismos que sirvieron de base para la relatoría.

Aunque el grupo de trabajo del EPU está formado por 47 naciones, en este tipo de sesiones tienen derecho de participar en la discusión los 193 miembros de Naciones Unidas. El miércoles tomaron parte 105 países, cuyos representantes formularon observaciones y recomendaciones a México.

Dichos puntos de vista resultan interesantes, pues constituyen la imagen que tiene México a nivel internacional en materia de derechos humanos.

De acuerdo con una revisión que realicé de las intervenciones de 20 de los 105 países, los temas señalados con mayor frecuencia fueron las desapariciones de personas, los actos de hostigamiento contra periodistas, la situación de los migrantes y la violencia contra las mujeres. También hubo menciones a la impunidad, la militarización de la seguridad pública, los ataques a la libertad religiosa, las limitaciones a la educación, la prisión preventiva oficiosa y la corrupción, entre otros temas.

Las desapariciones fueron señaladas como un reto para México por parte de las delegaciones de Canadá, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, India, Noruega, Paraguay, Rusia y Venezuela. “Nos preocupan los reportes sobre el incremento de personas desaparecidas como consecuencia de la violencia y el crimen organizado”, apuntó la delegación de Paraguay, uno de los países relatores.

Las amenazas y agresiones contra periodistas fueron señaladas por Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Irán, Noruega, Reino Unido y Rusia.

La representación de EU recomendó a México fortalecer la protección a los comunicadores mediante “la mejoría de la respuesta de emergencia, estableciendo canales seguros para reportar amenazas y una fuerza de tarea independiente para investigar y procesar crímenes contra periodistas”.

Sobre el trato a los migrantes se pronunciaron Brasil, Colombia, Ecuador y El Salvador,

“Considerar la revisión de la ley de migración, especialmente la detención administrativa de migrantes, garantizando su aplicación como último recurso”, exhortaron los brasileños.

La violencia contra las mujeres fue un tema señalado por Chile, España, Francia, India e Irán. “Intensificar los esfuerzos para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, especialmente en materia de desapariciones forzadas, feminicidios y violencia sexual”, fue el planteamiento chileno.

Chile también pidió derogar de la legislación la prisión preventiva oficiosa; Rusia, mejorar las condiciones de la población carcelaria; Irán, proteger la libertad religiosa; Reino Unido, asegurar que el uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad no impida la rendición de cuentas, la transparencia y los derechos humanos, y Costa Rica, atender los casos de vigilancia de la población civil, por medios digitales, por parte de las fuerzas del orden.

En Ginebra, México tuvo que verse al espejo. En este caso no hay forma de alegar que estas observaciones son maquinadas por los intereses políticos de los “adversarios”.