150 mil asesinatos

El pasado 17 de abril, México alcanzó –de acuerdo con cifras oficiales– un centenar y medio de miles de homicidios dolosos en lo que va del sexenio.

Esos datos –del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Inegi– indican que hubo 2 mil 440 asesinatos en diciembre de 2018, mes en el que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador; 36 mil 479 en 2019; 36 mil 773 en 2020; 35 mil 625 en 2021; 30 mil 968 en 2022, y siete mil 724 entre el 1° de enero y el 17 de abril de este año. En total, 150 mil 9 ejecuciones.

Eso convierte a esos mil 599 días –más los que se agreguen– en los más sangrientos de la historia de México desde la Guerra Cristera, que se peleó entre agosto de 1926 y junio de 1929, es decir, hace casi un siglo. En ese conflicto murieron, dependiendo de la fuente que se consulte, entre 85 mil y 250 mil mexicanos.

De continuar la tendencia que lleva este delito en lo que va del año –73 en promedio al día–, se estaría alcanzando el récord de 156 mil 437 homicidios, establecido el sexenio pasado, en alrededor de 80 días, a mediados de julio próximo, con 14 meses y medio por transcurrir en el periodo de gobierno. Esto es, este sexenio podría terminar, el 30 de septiembre de 2024, con cerca de 188 mil homicidios.

Al hablar del tema, el presidente López Obrador ha insistido en que su gobierno logró frenar el impulso que llevaba el derramamiento de sangre que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón y continuó en el de Enrique Peña Nieto.

Por supuesto, siempre es posible acomodar las estadísticas al gusto de quien las presenta, pero el dato duro dice –y así lo registrará la historia– que en el periodo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) hubo 78 mil asesinatos, en números redondos; en el de Ernesto Zedillo (1994-2000), 80 mil; en el de Vicente Fox (2000-2006), 60 mil; en el de Felipe Calderón (2006-2012), 121 mil, y en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), 156 mil. Así pues, en el único sexenio reciente en el que existió una disminución de este delito respecto del anterior fue en el de Fox.

El Estado mexicano ha tenido, desde finales del siglo pasado, una deficiencia de gobernabilidad que se ha traducido en una tendencia al alza de las cifras de inseguridad, no sólo en homicidios, sino también en otros delitos, lo cual ha desgastado la calidad de vida de los habitantes de este país y ha contribuido a frenar el crecimiento económico. Sucesivos gobiernos, incluido éste, han querido hacer frente a esa realidad con medidas coyunturales que han buscado, sobre todo, evitar el deterioro de la imagen de la autoridad, sin acercarse siquiera a la solución del problema.

A esos gobiernos les ha preocupado más la retórica que la política. En sus justificaciones han señalado la actuación de sus predecesores e incluso han llegado a congratularse de que la violencia se da entre las bandas delincuenciales, como si las balas de los criminales no pudieran alcanzar a los inocentes u obligar a éstos a cambiar de rutinas para tratar de no convertirse en víctimas. En el presente gobierno se ha apostado por incrementar la militarización de la seguridad pública, al grado de que ésta se ha vuelto sinónimo de su política en la materia.

En días recientes, al criticar la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, el presidente López Obrador acusó a los ministros de atentar contra la seguridad de los mexicanos, aceptando implícitamente que él no puede garantizarla a menos de que esté enteramente en manos de las Fuerzas Armadas.

Pero la militarización tampoco ha sido la solución. Ya comentaba yo, el viernes pasado, que los homicidios no bajaron en los siete meses que la Guardia Nacional ha estado encuadrada en la Sedena, e incluso subieron ligeramente.

Lo que México necesita es un pacto para recuperar la gobernabilidad, en condiciones ajustadas a la vida en democracia. Eso requiere un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición, y, por desgracia, no es algo a lo que esté dispuesto este Presidente, porque su objetivo, por encima de cualquier otro, es concentrar el poder.